La campaña 'No al CETA' advierte de que el CETA entra en vigor pese a "graves riesgos" para la ciudadanía

El Gobierno español ya ha iniciado la ratificación del tratado en las Cortes Generales, si bien aún está pendiente su discusión y votación en el Senado. La campaña demanda a los grupos parlamentarios que pidan al Tribunal Constitucional un dictamen y rechacen su ratificación por no tener estudios de impacto válidos.

En el último año, parte de la sociedad civil europea, sindicatos, partidos políticos y parlamentos regionales han denunciado la falta de transparencia y participación democrática en el manejo de las políticas comerciales por parte de las instituciones europeas.

La campaña estatal 'No al TTIP, CETA y TiSA' advierte de que la aplicación provisional del CETA tendrá efectos económicos, sociales y ambientales "adversos". En concreto, señala que en materia laboral no se tomarán medidas para impedir las deslocalizaciones ni se podrán sancionar violaciones a las normativas laborales vigentes.

En materia ambiental y de salud el CETA carece de normas de obligado cumplimiento, lo que pone en riesgo los compromisos adoptados en la lucha contra el cambio climático y abre la puerta a nuevos fraudes de la industria automovilística, según la campaña que rechaza el tratado.

Además, avisa de que los estándares más bajos en lo concerniente a la seguridad alimentaria provocará en un futuro inmediato las rebajas de otros estándares relativos a transgénicos, engorde del ganado con hormonas, clonación animal y etiquetado y trazabilidad de la carne.

"Además de la pérdida de derechos de los consumidores, el CETA causa nuevos problemas a la agricultura familiar, así como una pérdida de soberanía alimentaria", denuncian desde la campaña, que añade que debilitar el principio de precaución deja el campo libre a las farmacéuticas, las empresas químicas y otras industrias que tendrán menos controles sobre la toxicidad de sus productos.

PRIVATIZACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

También denuncia que el CETA facilitará la privatización de los servicios públicos y dificultará las condiciones para la remunicipalización de servicios privatizados y que el capítulo sobre servicios financieros dará más derechos a los bancos y especuladores, impidiendo regulaciones urgentes en este sector.

Según la campaña 'NO al CETA', la cooperación reguladora que empezaría a funcionar con la puesta en marcha de diferentes comités conjuntos podría ser un obstáculo si el Parlamento Europeo, las Cortes Generales o los parlamentos regionales desean mejorar las normas ambientales y sanitarias, e incluso podrían debilitar las normas actuales.

La Comisión Europea está negociando otros acuerdos de igual magnitud que el CETA con Japón, México y los países del Mercosur. Asimismo, ha propuesto la apertura de negociaciones con Australia y Nueva Zelanda.

La campaña estatal 'No al TTIP, CETA y TiSA' manifiesta su oposición a todas estas negociaciones y advierte de que estos tratados comerciales "atentan contra los derechos humanos y agravan la crisis ambiental planetaria".