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La amnistía fiscal recaudó 1.191 millones de euros, la mitad de lo previsto por Hacienda

La recaudación por el Real Decreto Ley de amnistía fiscal ascendió a un total de 1.191 millones de euros en todo el país, la mitad de los 2.482 millones previstos por el Ministerio de Hacienda, según ha informado el sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha) en un comunicado.
El 38,8% de este importe correspondió a la Comunidad de Madrid y el 25,4% a Cataluña. Así, entre ambas regiones recaudaron más de 760 millones de euros.
A continuación, las autonomías que más recaudaron por la amnistía fueron Comunidad Valenciana (124,2 millones de euros), Andalucía (65,2 millones) y Galicia (44,6 millones).
Gestha ha explicado que la adhesión de los contribuyentes a esta medida "fue poco representativa", debido en gran medida a "la confianza en mantener oculto el patrimonio en paraísos fiscales, así como las dudas generadas con el recurso de inconstitucionalidad que presentó en su momento el grupo socialista y la necesidad de presentar complementarias de IVA y del Impuesto de Patrimonio".
Para el sindicato, la recaudación de la amnistía --que afectó principalmente a los años 2008 a 2010-- en relación a la evasión total en esos tres años "supone que menos de un 3% de la evasión total del país se acogió a la amnistía". Es decir, que el 97% de la evasión "sigue manteniendo sus activos ocultos".
En este contexto, considera que la medida no ha servido para reducir la economía sumergida y que la Agencia Estatal Tributaria (AEAT) podría haber recaudado entre 5.300 y 8.700 millones de euros si hubiera aplicado los tipos de gravamen que corresponderían a esos 12.000 millones en patrimonio aflorado con la amnistía.
Para reducir la economía sumergida, Gestha considera necesario "aplicar la ley a quien defrauda sin excepciones", además de reorganizar en profundidad el Ministerio de Hacienda y la Agencia Tributaria estatal, otorgando mayores responsabilidades y competencias en la lucha contra el fraude a toda la plantilla de técnicos de Hacienda para, en una segunda fase, aumentar los efectivos.
Además, cree que debería dedicarse más esfuerzo a perseguir el fraude de las multinacionales y grandes compañías del país, en vez de concentrar el 80% de los recursos a investigar a autónomos, microempresas, pymes y asalariados.