La Unión de Contribuyentes pide una reforma constitucional que fije un tope a la carga fiscal

Así lo ha señalado la organización en una nota con motivo del Día de la Constitución, en el que denuncia que, aunque el artículo 31 de la Carta Magna dispone que el sistema tributario "en ningún caso tendrá alcance confiscatorio", los contribuyentes españoles "soportan multitud de tributos que no pueden sino calificarse como tales".

En este sentido, señala que el ciudadano medio destina la mitad de su tiempo de trabajo a pagar impuestos, bien de forma directa o a través de su empleador. Por otra parte, el "obsoleto" impuesto sobre el Patrimonio que solo mantienen España y Francia en Europa, en algunas comunidades llega incluso a cobrar cada año por un bien más que el monto de la revalorazación del mismo o de los ingresos que puede producir, por ejemplo por arrendamiento.

También considera que el Impuesto de Sucesiones puede calificarse de confiscatorio, pues "exige pagar de nuevo por bienes que ya tributaron en su día". Algunos de los impuestos especiales, notablemente en materia de energía y combustibles, superan la mitad de la correspondiente factura, lo que "a todas luces constituye una tributación confiscatoria", añade.

Además, la UC opina que la propiedad está "mal protegida" por la Constitución de 1978, al quedar fuera de la carta de derechos fundamentales recogida en la sección primera del capítulo segundo.

Por ello, propone la incorporación del derecho de propiedad como uno de los derechos "fundamentales e inalienables de la persona". En cualquier caso, UC considera imprescindible derogar el actual artículo 33.2, que subordina los derechos de propiedad y herencia a "una supuesta función social indefinida y por lo tanto interpretable".

El presidente de la Unión de Contribuyentes, Juan Pina, ha señalado que "la fuerte subida de impuestos del viernes pasado sitúa a España a la cabeza de Europa en tributación, y no habría sido posible si la Constitución protegiera realmente al contribuyente".

De esta forma, pide a las fuerzas políticas que, al acometer la reforma de la Constitución, establezcan un tope constitucional "claro y directo" a la carga fiscal de los ciudadanos y de las empresas.