UGT reclama sanciones elevadas para erradicar el mal uso de los contratos temporales

Así lo señala el sindicato en un comunicado, en el que denuncia que los contratos de obra o servicio y eventuales por circunstancias de la producción, que acaparan ocho de cada diez contratos totales y nueve de cada diez temporales cada año, "cada vez duran menos y muy habitualmente suplen actividades estables a las que corresponderían contratos fijos discontinuos, tiempo imparcial indefinido o, sobre todo y directamente, indefinido ordinario a jornada completa".

El sindicato exige la derogación de las dos últimas reformas laborales y que, junto a ello, se adopten medidas eficaces para perseguir el fraude en la utilización de la contratación temporal, lo que a su juicio exige que este tenga consecuencias económicas suficientemente elevadas para lograr una respuesta "claramente" disuasoria de esta mala praxis del mercado laboral español.

En este sentido, entiende que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, más allá de equiparar la indemnización por despido de los trabajadores temporales y los indefinidos, pone también en evidencia la "falta de razonabilidad de la legislación española, que permite comportamientos fuera de toda lógica económica y laboral y que generan precariedad e inestabilidad".

LAS CINCO RAMAS CON MÁS CONTRATOS TEMPORALES

Las cinco ramas que más emplean el contrato de obra o servicio son agricultura, ganadería, caza y servicios; servicios de comidas y bebidas (esencialmente bares y restaurantes); actividades de construcción especializada; construcción de edificios, y educación. Por su parte, el contrato eventual se concentra en los servicios de comidas y bebidas, agricultura, comercio al por menor; servicios de alojamiento e industria de la alimentación.

Además, según datos de Eurostat de 2015, la tasa de temporalidad del sector primario en España era del 61,2%, mientras que la media de la zona euro en este sector era del 39,2%.

La organización sindical advierte de que en "muchos casos" pueden estar utilizándose estos contratos de manera impropia o directamente fraudulenta, en sustitución del contrato fijo discontinuo, tiempo parcial indefinido o, directamente, indefinido ordinario a jornada completa.

LOS CONTRATOS DE OBRA O SERVICIO Y EVENTUALES DURAN MENOS

La duración media del primero ha pasado en el periodo 2007-2015 de 91,9 a 51,4 días (40 días de caída, un 44,1%) y la del segundo ha pasado de 65,5 a 41,9 días (23,6 días de reducción, un 36%). "Esto es un síntoma de la creciente rotación laboral de nuestro mercado de trabajo", señala UGT, que explica que ha aumentado el peso de los contratos de duración más corta en ambas figuras.

De 2007 a 2015, los contratos de obra de duración igual o menor a 7 días han pasado de suponer el 5,2% al 10,7% y los de duración igual o inferior a un mes han crecido del 8,1% al 14,4%. El porcentaje de contratos de este tipo cuya duración es igual o menor a siete días ha pasado de 27,9% en 2007 a 43,7% en 2015, lo que supone un aumento de 15,8 puntos porcentuales. Los que duran un mes o menos han pasado de suponer el 50,7% al 68,1%.

En este sentido, los datos del Informe del Mercado de Trabajo Estatal, realizado por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) refleja que la media anual de contratos por persona en 2015 ha sido de 2,75, la mayor de los últimos diez años"; a 239.000 trabajadores se les realizaron más de diez contratos al año, y de ellos a 125.000 más de 15.

Por ello, UGT pide una revisión y análisis detallado del uso efectivo de los contratos de obra o servicio y eventual por circunstancias de la producción en el conjunto del sistema productivo; la equiparación de la indemnización de los contratos temporales a la de los indefinidos y una reforma de la legislación de los contratos temporales para definir con "más claridad" las causas permitidas y las no autorizadas de utilización de cada una de las modalidades de contratación temporal.

También aboga por articular un nuevo sistema de sanciones económicas "suficientemente elevadas como para que desaliente y disuada los casos de contratación fraudulenta, que constituyen el mayor componente de la injustificada precarización e inestabilidad laboral".