El TUE avala que una empresa cambie su domicilio social a otro país de la UE pero no el efectivo

Del mismo modo, el tribunal con sede en Luxemburgo ha señalado que los países del bloque comunitario no pueden imponer a las empresas que quieren trasladar su domicilio social a otro Estado miembro una obligación de liquidación.

El TUE ha respondido así al Tribunal Supremo de Polonia, que preguntó por el caso de la sociedad Polbud, que estaba constituida en Polonia pero decidió trasladar su domicilio fiscal a Luxemburgo. La compañía presentó una solicitud para cancelar su inscripción en el Registro Mercantil polaco, que fue denegada por el Tribunal Registral de Polonia.

En la sentencia de este miércoles, el TUE afirma que el Derecho de la UE reconoce la libertad de establecimiento "a toda sociedad constituida de conformidad con la legislación de un Estado miembro y cuya sede social, administración central o centro de actividad principal se encuentre dentro e la Unión".

En concreto, el Tribunal de Justicia recalca que esta libertad comprende en particular el derecho de la compañía a transformarse en una sociedad sometida a la legislación de otro Estado miembro. Además, la sentencia reconoce este derecho de libertad de establecimiento "aún cuando la sociedad ejerza lo fundamental, incluso la totalidad, de sus actividades en el primer Estado miembro".

La razón que aduce la Justicia europea para avalar esta posición es que el hecho de establecer el dominio social o efectivo de una empresa de acuerdo con la legislación de un Estado miembro con el fin de una legislación más ventajosa "no constituye un abuso en sí mismo".

Por otro lado, el TUE ha señalado que la ley polaca que exige la liquidación de la empresa para poder cancelar su inscripción registral constituye una restricción a la libertad de establecimiento porque puede obstaculizar o incluso impedir la transformación transfronteriza de una sociedad.

La Justicia europea señala que esta restricción puede estar justificada por "razones imperiosas de interés general", como la protección de los intereses de los acreedores, de los socios minoritarios y de los trabajadores, pero destaca que la legislación polaca prevé la obligación de liquidar con carácter general.