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El Gobierno ha probado el real decreto ley de restructuración y resolución de entidades de crédito, es decir, ha creado el banco malo para sanear los balances de los bancos, condición impuesta a cambio del rescate financiero de 100.000 millones de euros. La Vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha asegurado que así se tratará de vender a “precios razonables” el stock inmobiliario. El Ministro de Economía, Luis de Guindos, ha asegurado que el llamado banco malo “ni es un banco, ni es tan malo”.

La sociedad de gestión de activos, es decir, el banco malo, “comprará los activos malos de los bancos para que estos saneen sus balances y se centren en la actividad lógica de las entidades bancarias”, ha explicado Luis de Guindos.

Esta sociedad de gestión tendrá que entrar en funcionamiento antes de finales de noviembre. El Frob, que podrá obligar a una entidad a vender sus activos tóxicos al banco malo y fijará los precios de los activos contaminados, participará mínimamente en el banco malo, ya que se potenciará el capital privado. "Se trata de minimizar el impacto en los contribuyentes  y que sean los accionistas y acreedores los que paguen las crisis bancarias", ha dicho el ministro de Economía.

Luis de Guindos ha insistido en que la denominación de banco malo no es correcta porque “no es un banco, ni es tan malo”.

La creación de la sociedad de gestión permitirá a su vez que el Fondo de Garantía de Depósitos regrese a su misión original, la de avalar los ahorros de los clientes de las entidades españolas hasta en 100.000 euros

Antes de llegar a la creación del banco malo existen otras dos vías de actuación para los bancos en apuros. En primer nivel está la entidad que podrá llevar a cabo un proceso de restructuración por si misma en dos años; en segundo nivel la entidad que necesitará entre cinco y siete años para la restructuración y que requerirá dinero que podrá devolver por sí misma.

En tercer lugar se contempla la llamada resolución ordenada cuando la devolución de las ayudas no son posibles en un plazo determinado y se obliga a la entidad a vender sus activos y pasivos a  un banco puente y una entidad de gestión asumirá los activos tóxicos.

El Gobierno insiste en que se trata así de vender a “precios razonables” el stock de viviendas y locales, ha explicado Sáenz de Santamaría.