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Qualcomm, multada con 828 millones en Corea del Sur por vulnerar la competencia

La Comisión de Comercio Justo de Corea del Sur ha multado con 1,03 billones de wones (828 millones de euros) al fabricante estadounidense de microprocesadores Qualcomm por llevar a cabo prácticas contrarias a la competencia, incluyendo abuso de posición para imponer unas cláusulas contractuales abusivas que deberán ser corregidas por la multinacional, que ya ha anunciado su intención de apelar en los tribunales la decisión del supervisor surcoreano.
La decisión de la comisión antimonopolio de Corea del Sur responde a las quejas de fabricantes surcoreanos de teléfonos móviles como LG o Samsung, que consideraban excesivos los royalties que debían abonar a Qualcomm, principal proveedor de microchips para sus dispositivos.
Por su parte, la compañía estadounidense calificó de "decisión sin precedentes e insoportable" la resolución de la Comisión, anunciando su intención de recurrir la medida ante los tribunales surcoreanos una vez que la decisión le sea comunicada por escrito, algo que puede llevar entre cuatro y seis meses.
"Una vez recibida la orden por escrito de la Comisión de Comercio Justo, Qualcomm solicitará la suspensión inmediata de decisión y apelará la orden ante el Tribunal Supremo de Seúl", anunció Qualcomm, que también reclamará la invalidez de la multa y del método de cálculo empleado, aunque deberá abonar el importe de la sanción en un plazo de 60 días después de recibir la decisión por escrito.
"Qualcomm cree firmemente que las conclusiones de la Comisión son inconsistentes con los hechos e ignoran la realidad económica del mercado, aplicando mal los principios fundamentales de las leyes de competencia", declaró Don Rosenberg, vicepresidente ejecutivo y responsable de asesoría de la compañía.
Asimismo, el fabricante estadounidense indicó que los royalties recibidos por la venta de dispositivos en Corea del Sur representan menos del 3% de los ingresos por licencias de Qualcomm durante el ejercicio fiscal 2016 y advierte de que la decisión del supervisor surcoreano trata de regular los derechos de propiedad correspondientes a otros países y actividades fuera de Corea del Sur, lo que entraría en conflicto con las leyes internacionales.