Las Palmas de Gran Canaria, Barcelona y Alicante, los grandes ayuntamientos más solventes, según Afi

Las Palmas de Gran Canaria, Barcelona y Alicante son los ayuntamientos con mayor número de habitantes que mejor 'rating' de solvencia presentan, por delante de Murcia, Málaga, Madrid, Valencia, Sevilla, Zaragoza y Palma de Mallorca, según Analistas Financieros Internacionales (Afi).

Entre los diez ayuntamientos con mayor población se observa una mejora generalizada desde 2011, ya que la mayoría aumenta su calificación en SCAL, la herramienta de 'ratings' de Afi.

A pesar de que la nota de Barcelona cae un poco debido a un ligero descenso de sus ratios de ahorro bruto y remanente de tesorería para gastos generales, su buena situación financiera sigue siendo muy positiva, de forma que se convierte en el segundo más solvente de las grandes ciudades españolas, sólo por detrás de Las Palmas de Gran Canaria.

Entre los diez grandes municipios analizados con datos de 2015, solo dos, Palma de Mallorca y Zaragoza, se quedan por debajo de una puntuación de 50 sobre 100, mientras que Sevilla y Valencia han superado de nuevo este nivel.

La mejora más significativa es la registrada por el Ayuntamiento de Alicante, que pasa de 57 puntos a 75 gracias a una importante reducción de la deuda viva y a la mejora de los ingresos corrientes, según Afi.

En general, los datos de liquidación de 2015 confirman la "mejora paulatina" del sector local desde 2011, que mejora sus 'ratings' en 2015, según señala Afi, que añade que el crecimiento de los ingresos y la "significativa" reducción del endeudamiento son las variables que más han pesado en este saneamiento del sector.

En 2011, la herramienta SCAL otorgaba al 24% de las entidades locales una nota por debajo de 50 puntos, mientras que en 2015 solo obtienen una calificación por debajo de 50 puntos el 6% de las entidades analizadas.

Según Afi, la evolución de los ayuntamientos es "consistente", ya que desde 2011 el nivel de ahorro bruto y neto de las entidades locales se ha incrementado "de manera continuada".

A pesar de que los ingresos de las entidades locales son menos cíclicos que los de otras administraciones y que la subida de tipos en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) supuso una importante mejora en las finanzas de los ayuntamientos, Afi destaca que las entidades locales realizaron un importante ajuste de gasto, especialmente en materia de personal.

El gasto en remuneración de asalariados, que se redujo un 11% (más de 6.000 millones de euros entre 2011 y 2012), aún se encuentra por debajo de los niveles alcanzados en 2008, según Afi.

Entre las diputaciones, cabildos y consejos insulares hay pocos elementos reseñables y siguen mostrando una situación incluso más saneada que la de los ayuntamientos.

Tanto las entidades mejor posicionadas en 2015 como las que registran una situación comparativamente más débil aumentan su calificación crediticia respecto al año anterior, situándose todas ellas por encima del nivel 50.

700 AYUNTAMIENTOS MÁS SIN DEUDA EN 2015

Esta buena situación financiera del sector local, con ahorros brutos y saldos no financieros positivos, ha permitido acumular una capacidad de financiación cercana a los 20.000 millones de euros en los últimos cuatro años, que ha permitido compensar parte de los desequilibrios en el resto de administraciones y reducir los volúmenes de endeudamiento.

De hecho, en 2015 había 3.714 ayuntamientos con deuda cero, 700 más que en 2012. En total, las entidades locales han amortizado desde 2012 en torno a 10.000 millones de euros, situándose ya en niveles cercanos a los registrados antes de la crisis.

Para 2016, aunque se estima cierta relajación respecto a la regla de gasto, la situación en términos de solvencia se mantendrá con niveles de ahorro bruto significativos y, previsiblemente, una mayor reducción del endeudamiento.

Según Afi, a tenor de lo observado en el primer trimestre, es previsible que el superávit de las corporaciones locales se reduzca una décima hasta un 0,3% del PIB, que puede permitir compensar la previsible desviación del déficit de los gobiernos regionales.

De esta forma, el conjunto de administraciones territoriales cumpliría con el objetivo en 2016 (0,7% del PIB), en contraste con las dificultades del Estado Central y Seguridad Social.