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El PSOE pide revisar la ley para integrar la prevención de riesgos laborales en las empresas

La diputada socialista y vocal en la Comisión de Empleo, Rocío de Frutos, ha registrado una proposición no de ley en el Congreso con la que solicita al Gobierno iniciar un diálogo con las organizaciones sindicales y empresariales para modificar la legislación vigente, con el fin de potenciar los servicios y medios propios del empresario en materia de riesgos laborales frente a los ajenos.
En concreto, se refiere a la modificación de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales como el Real Decreto 39/1997 que aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención,
Con esta iniciativa, la diputada socialista insta al Gobierno a reactivar el papel de los servicios de prevención como agentes fundamentales "para atajar la existente falta de calidad de los servicios prestados y la absoluta falta de apoyo que actualmente tiene la empresa para integrar la prevención".
Para ello, reclama que se exija por ley la elaboración de códigos deontológicos para el ejercicio de las actividades que constituyen el objeto social de la empresa y que el incumplimiento de dichos códigos conlleve la responsabilidad penal del Servicio de Prevención como persona jurídica.
Además, pide que se impulse la evaluación del conjunto de los riesgos laborales, teniendo en cuenta "riesgos olvidados por la prevención" como el estrés, y que se realice a través de la Inspección de Trabajo, en colaboración con la comunidades autónomas, un control riguroso de estos servicios. Para ello, se dotarán los recursos humanos y materiales necesarios.
De Frutos defiende que "para alcanzar una reducción de los índices de siniestralidad laboral es precisa la integración de la prevención dentro de la estructura de la empresa".
CIFRA DE ACCIDENTES "INASUMIBLE"
Sobre ello, apunta el aumento de la siniestralidad laboral en un 10% en el ejercicio 2016 respecto a 2015, con un total de 464.086 accidentes con baja laboral y 614.805 sin baja. "Esta cifra de accidentes es inasumible tanto para las empresas como para los poderes públicos" -sostiene.
En este sentido, indica que una de las causas de esta siniestralidad es la "insuficiente implicación de las empresas en la prevención, tanto por la falta de recursos y de formación preventiva en la propia empresa como por el hecho de que cada vez más las empresas contratan externamente este servicio".
"Esta externalización cada vez mayor conlleva una configuración mercantilista de los servicios de prevención que ha ahondado aún más en la precariedad con la que ya se cumplían las obligaciones preventivas", añade.
A pesar de que el modelo preventivo actual viene del año 1995, asegura la diputada socialista, aún más del 6% de los trabajadores no dispone en su empresa de ninguna organización preventiva y más del 75% de empresas contratan servicios de prevención ajenos para los que además son inexistentes los riesgos psicosociales como el estrés.
"Los empresarios se han relajado en sus obligaciones viendo la prevención como un coste, al hilo de la crisis, y desde los poderes públicos no se ha tenido la prevención como una de las actividades prioritarias de forma que en los últimos años no se ha realizado ningún tipo de actividad normativa en relación a las obligaciones preventivas", ha denunciado.