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PSOE, Podemos y Ciudadanos piden depurar responsabilidades por el rescate de las autopistas de peaje

Los principales grupos de la oposición, el PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos, han coincidido en exigir que se depuren responsabilidades por la asunción de ocho autopistas en quiebra por parte del Estado debido a la "mala gestión y planificación" de los gobiernos anteriores del PP.
Así lo han señalado indistintamente los portavoces de los grupos parlamentarios de la oposición en las ruedas de prensa posteriores a la reunión de la Junta de Portavoces, después de que el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, anunciase ayer que el Estado se quedará finalmente con las ocho autopistas en quiebra y riesgo de liquidación, se alcance o no acuerdo con los bancos acreedores de las vías, que soportan una deuda de unos 3.400 millones de euros.
El portavoz del PSOE en el Congreso, Antonio Hernando, opina que la "cuestión" del asunto es conocer quienes fueron los dirigentes que tomaron la decisión de construir unas infraestructuras basadas en "cálculos erróneos" sobre el tráfico, pagando "sobrecostes" en la expropiación y haciendo adjudicaciones "excesivas".
¿CÓMO PUDIERON EQUIVOCARSE TANTO?
Hernando ha exigido que el Gobierno explique "cómo aquellos gobiernos tomaron decisiones con las que se pudieron equivocar tanto" como para que suponga un coste a los ciudadanos de hasta 5.700 millones de euros.
El PSOE ya registró en el Congreso de los Diputados una solicitud de comparecencia urgente del ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, para explicar la asunción de las ocho autopistas de peaje y por qué no se ha actuado en un "tema pendiente" desde 2012.
Por su parte, el portavoz de Unidos Podemos en el Congreso, Íñigo Errejón, ha defendido la necesidad de incluir un nuevo delito en el Código Penal que sirva para castigar a los responsables de la Administración culpables de "pelotazos" como el que supuso, a su juicio, la construcción de las autopistas radiales de Madrid, que quebraron y ahora va a rescatar el Estado.
En esta línea, ha resaltado que el rescate de estas autopistas va a costar 5.000 millones, casi el mismo importe de los "recortes que contempla el Gobierno", y ha asegurado que la figura de la responsabilidad patrimonial es "una estafa legalizada".
ESTO NO ES DE RECIBO
De su lado, el portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Juan Carlos Girauta, ha denunciado que "no es de recibo un negocio en el cual una parte solo puede ganar" al no haber riesgo, lo que evidencia un "capitalismo de amiguetes" que resulta "estomagante".
Girauta ha indicado que unas infraestructuras en las que el tráfico final ha resultado ser un 17% inferior al previsto significa que se han realizado obras que "no hacían falta", y ha apuntado que, pese a la responsabilidad patrimonial de la administración, esta situación "choca con muchas otras normas sobre lo que tiene que ser la economía de mercado y la transparencia".
"Tiene que ser la última operación en la que España se avergüence de misma y un negocio de amiguetes sin riesgo", ha añadido, para reclamar a continuación una investigación para depurar responsabilidades.
De hecho, se ha referido a los "poderosos" José María Aznar y Francisco Álvarez-Cascos como los dirigentes que encargaron las proyecciones para organizar el "negocio del siglo". "ES absolutamente indignante", ha apostillado.
Por contra, el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, ha defendido que las autopistas de peaje y radiales son de titularidad estatal pero "no hay ningún rescate", tal y como ha explicado el ministro de fomento.
Hernando ha asegurado que el ministro detallará el lunes la situación de las autopistas y aportará más información sobre un asunto "complejo técnicamente" desde el punto de vista legal, pero que el Gobierno "intentará resolverlo lo mejor posible para los ciudadanos".