Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, analizar y personalizar tu navegación, mostrar publicidad y facilitarte publicidad relacionada con tus preferencias. Si sigues navegando por nuestra web, consideramos que aceptas su uso. Puedes cambiar la configuración u obtener más información aquí.

La Oficina Antifraude de la UE pide recuperar 631 millones de euros en 2016

La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) ha reclamado a los Gobiernos europeos y las instituciones comunitarias recuperar 631 millones de euros en 2016 para el presupuesto comunitario por uso fraudulento frente a los 888 millones del año anterior.
La oficina antifraude comunitaria emitió 346 recomendaciones a las autoridades nacionales y de la UE el año pasado, incluidas 209 para recuperar 361 millones de euros para el presupuesto europeo, 87 para que emprendieran acciones judiciales, 32 administrativas y 18 disciplinarias, según precisa en su último informe anual.
"No todo lo que se recomienda se recupera", ha admitido en rueda de prensa para presentar el informe anual, el director general de la OLAF, Giovanni Kessler, que ha precisado que "normalmente" se acaba recuperando "más del 80%".
En 2016, OLAF recibió un total de 1.136 denuncias y concluyó 272 casos, incluidos 141 relacionados con irregularidades o uso fraudulento de fondos gestionados en su totalidad o en parte por las autoridades nacionales o regionales, uno de los cuáles afectó a España.
También concluyó 34 investigaciones sobre prácticas fraudulentas o malas prácticas que afectaban a personal de las instituciones de la Unión Europea, de las cuáles 25 acabaron en recomendaciones y en su mayoría dirigidas a personal de la Comisión Europea (8) y del Servicio Europeo de Acción Exterior (6), aunque también dirigió dos por problemas con personal del Parlamento Europeo.
OLAF abrió asimismo 219 nuevas investigaciones en 2016, igual que el año anterior, a pesar de la reducción de personal de su oficina, ha explicado el director general. El personal de OLAF contaba con una plantilla de 415 (aunque había 24 vacantes) frente a los 422 del año anterior (11 vacantes).
Por lo que se refiere a las 344 investigaciones actualmente en marcha de OLAF, 69 se refieren a irregularidades o uso fraudulento de fondos estructurales, 60 sobre aduanas y comercio, 59 sobre el gasto centralizado, 52 sobre ayuda externa y 48 sobre el personal de la UE.
En el caso de estos últimos, "la mayoría" se refiere a miembros de la Eurocámara, ya sean eurodiputados, asistentes u otro personal de la institución, ha precisado el director general.
Otros 21 casos se centran en las ayudas agrícolas, 19 sobre fondos sociales y ocho sobre bienes falsificados y el contrabando de tabaco, igual que en el caso del uso de nuevos instrumentos financieros.
FRAUDE EN CONTRATACIÓN PÚBLICA Y ADUANAS.
El director general de la OLAF, Giovanni Kessler, ha alertado de la "tendencia importante" de casos de fraude en el ámbito de la contratación pública "de naturaleza transnacional", porque "es difícil" determinar las "nacionalidades" de las multinacionales, que además "usan subcontratas" de otros países.
"Cuando hay corrupción, normalmente hay mordidas, que se pagan en otros países. Es más difícil descubrir estos casos de fraude o de corrupción", ha avisado, al tiempo que ha reclamado una reforma para dotar a OLAF de "las herramientas adecuadas" para investigar los "posibles flujos financieros ilícitos y para seguir el dinero en toda la cadena fraudulenta. También reclama tener "acceso claro a las oficinas de los operadores económicos o de las instituciones que puedan estar implicadas en actividades fraudulentas".
También ha alertado de la necesidad de avanzar en "más integración europea" para atajar el fraude en el ámbito aduanero. OLAF estima que se han perdido casi 2.000 millones de euros -cuya recuperación pedirá en 2018-- en aranceles no abonados para el presupuesto europeo por culpa de las autoridades británicas en este caso, que dieron por buenas declaraciones de valor de importaciones de textiles y zapatos procedentes de China, muy por debajo de su valor real, entre 2013 y 2016.
Además, los Estados miembros -principalmente España, Francia, Alemania e Italia, donde se vendieron estos productos de China en "el mercado negro"_habrían perdido 3.200 millones de euros en IVA en este periodo, según la investigación de OLAF.
Por otra parte, los Estados miembros informaron a su vez a OLAF de 44.042 casos de irregularidades o uso fraudulento con fondos estructurales y agrícolas europeos entre 2013 y 2016. El país que más casos reconoció fue España, por delante de Rumanía y Polonia, con 9.766, que afectaron al 2,98% de todos los pagos recibidos, mientras que OLAF sólo reclamó recuperar dinero en cinco casos, equivalentes al 0,49% de los pagos.
Los Estados miembro también informaron a OLAF de 21.099 casos irregulares o fraude relacionados con los aranceles e impuestos de aduanas entre 2013 y 2016, equivalentes al 2,04% del total de recursos recolectados. España es el quinto país que más casos detectó (1.402, equivalentes al 2,33% de los recursos financieros recolectados), sólo por detrás de Reino Unido (4.177), Alemania (7.316), Países Bajos (1.808) y Francia (1.484).
España sólo ha llevado a juicio el 38% de los casos que le ha recomendado OLAF entre 2009 y 2016, por debajo de la media del 44%, un dato que se explica en parte al hecho de que "en España no dan prioridad a los casos europeos". "No estamos contentos", han explicado fuentes de OLAF.