La OCDE advierte a España del futuro de las pensiones: en 2050 habrá 77 jubilados por cada 100 habitantes

Así se desprende del último informe sobre el sistema de pensiones publicado por el organismo internacional, en el que se incluye un apartado específico sobre España, y donde señala que, a pesar de la "importante" reforma del sistema realizada en 2013, existen aún enormes limitaciones, como la edad media de salida del mercado laboral, que se estancó en 2013, o la falta de incentivos para prolongar la vida laboral tras la jubilación.

En concreto, en los próximos 32 años, cuando la generación nacida en la década de los noventa esté próxima a la jubilación, observará cómo 77,5 de cada 100 habitantes serán pensionistas, frente al 30,6% de 2015 o el 19% de hace 40 años. Esta ratio solo será superada "ligeramente" por Japón, que en 2050 contará con 77,8 personas mayores de 65 años por cada 100 habitantes.

En ambos casos, se situarán muy por encima de la media de la OCDE, donde el 53,2% de la población tendrá más de 65 años en 2050, o del conjunto de la Unión Europea que, según cálculos del organismo, se situará en el 56%, en detrimento del 44% restante que tendrá entre 20 y 64 años.

De igual modo, la institución presidida por el mexicano Ángel Gurría asevera que la tasa de sustitución neta --pensión que se recibe como porcentaje del último salario percibido-- o 'generosidad' de las pensiones en España es demasiado alto, ya que se sitúa en el 82%, frente al 63% de la media de los países del 'club industrializado'.

"El envejecimiento de la población, que se acelerará a un ritmo muy rápido en España, presiona sobre la sostenibilidad financiera y la adecuación de los ingresos de los sistemas de pensiones", asevera la organización que agrupa a 35 países de todo el mundo.

En este sentido, la OCDE apunta al factor de sostenibilidad que entrará en vigor en 2019 y que vinculará la pensión inicial de los jubilados a la esperanza de vida desde los 67 años en el momento de jubilarse, así como al índice de revalorización, que se aplica desde 2014, para ayudar a equilibrar las finanzas de las pensiones en el corto plazo.

Así, la OCDE señala que el sistema de pensiones concederá tasas de sustitución relativamente altas para los trabajadores con una carrera completa, especialmente para los asalariados con ingresos medios y altos, a pesar de la introducción del factor de sostenibilidad.

De igual modo, subraya que la edad legal de jubilación, actualmente establecida en 65,3 años, aumentará gradualmente hasta situarse en los 67 años en 2027. Sin embargo, a partir de ese año, las personas que hayan contribuido durante al menos 38,5 años (en contra de los 36,5 años requeridos actualmente) podrán jubilarse a los 65 años y contar con la pensión completa.

En este orden de cosas, la OCDE sostiene que, a pesar del rápido envejecimiento que se producirá en la población española, la edad media de jubilación se situará por debajo de la proyectada para la OCDE en 2027 (65,8 años para hombres y 65,5 años para mujeres) y sustancialmente por debajo de la estimada en países como Dinamarca (74 años) o Italia (71 años).

EL PARO ACTUAL, DESAFÍO PARA LOS PENSIONES FUTURAS

"La evolución actual del mercado de trabajo puede desafiar la adecuación de los ingresos futuros para los jubilados", asevera el documento. Según apunta, el alto desempleo persistente debilita la acumulación del derecho a las pensiones a muchas personas que se encuentran en edad de trabajar.

Al mismo tiempo, existe una parte de la población que, aunque trabaja, lo hace con contratos temporales --en 2016 el 26% del total de los contratos eran temporales, el doble de la media de la OCDE-- lo que aumenta el riesgo de interrupciones en la trayectoria profesional y, por ende, en las cotizaciones. En España se requiere que se haya trabajado al menos durante 15 años para poder beneficiarse de una pensión regular.

FUERTES DESINCENTIVOS AL TRABAJO

Por otro lado, la OCDE destaca que España es uno de los países con mayores obstáculos para combinar el trabajo y las pensiones y prolongar así la vida laboral tras la edad de jubilación, aunque admite que ciertas trabas se redujeron con la reforma de 2013.

Es posible combinar el trabajo con las pensiones en todos los países de la OCDE excepto en siete, entre los que se incluye España, donde se aplican límites a los ingresos por encima de los cuales se reducen los beneficios de la pensión combinada.

En España, las pensiones de los jubilados que continúan trabajando se reducen en un 50%. Además, no obtienen derechos de pensión adicional a pesar de que hay que pagar un 8% sobre la base de cotización declarada como cuota de solidaridad.