Dos años de cárcel para cuatro exdirectivos y un abogado en Novacaixagalicia

En concreto, la Sección Tercera de la Sala de lo Penal ha condenado al que fuera director general de la entidad, Pego, a devolver más de 8,5 millones de euros, a Gorriarán, exresponsable del grupo inmobiliario, a reintegrar más de cinco millones de euros, y a otro alto cargo, Rodríguez Estrada, una cantidad superior a los 200.000 euros, como autores de un delito de administración desleal en concurso con uno de apropiación indebida, en su modalidad de gestión desleal.

Por su parte, se considera al excopresidente Fernández Gayoso y el letrado Pradas cooperadores necesarios, ya que "aportaron su colaboración con hechos relevantes sin los cuales el delito no se hubiera cometido".

La pena de prisión impuesta no alcanza los cinco años de cárcel, por lo que, de recurrirse la condena, los exdirectivos podrían solicitar una suspensión de la pena que les evitaría, por el momento, el ingreso en prisión.

Multa e inhabilitación

La Audiencia Nacional condena además a estas cinco personas a una multa de diez meses con una cuota diaria de 250 euros (unos 75.000 euros) y a una inhabilitación especial para el empleo durante el tiempo de la condena que desempeñaban cuando realizaron los hechos enjuiciados.

La sentencia destaca que la entidad "valía 181 millones de euros y tuvo que provisionar 29,9 millones de euros y abonar más de 24 millones de euros como consecuencia de los nuevos contratos de alta dirección", una cantidad tuvo que ser abonada íntegramente el FROB, organismo público que posibilitó que NCG subsistiera gracias al dinero público inyectado".

En el fallo, de 188 folios, se establece que la indemnización es a favor del FROB y no de Novacaixagalicia. La Sala ha absuelto al ex director general adjunto de Novacaixagalica Javier García Paredes contra quien la Fiscalía retiró su acusación en la fase de informes del juicio el pasado mes de julio y contra quien tampoco solicitó ningún tipo de indemnización en su escrito de aclaración.

Blindaron sus prejubilaciones

La Sala explica la difícil situación de la entidad bancaria fusionada que llevó al FROB a tener que inyectar cantidades millonarias. Los acusados, "sabedores de estos avatares, mejoraron (tres de ellos) intencionadamente sus condiciones económicas para el caso más que probable por razonable, de su salida de la nueva entidad fusionada dada su gestión anterior, al querer prescindir de sus servicios los nuevos inversores que pudieran venir a hacerse carga de la entidad".

Blindaron sus prejubilaciones "soslayando toda la legislación comunitaria y española acerca de la remuneracion de altos directivos en entidades en crisis salvadas con dinero público". Todo ello, añade la sentencia, "con la ayuda inestimable por imprescindible de los otros dos acusados (Gayoso y Pradas) cooperando de manera imprescindible para que en dichos nuevos contratos se obviara la legislación aplicable a la remuneración de altos directivos ignorando deliberadamente las limitaciones que dicha legislación imponía e impone".