Montoro convocará en breve la Mesa General de negociación de las Administraciones Públicas

Así se lo ha transmitido Collado a la Federación de Empleadas y Empleados de los Servicios Públicos de UGT (FeSP-UGT) en su primera reunión con la secretaria de Estado para hacerle llegar sus propuestas para la legislatura que comienza y pedir la reapertura de la negociación en las administraciones públicas.

El martes pasado CC.OO. tuvo también su primera reunión con Collado, a la que pidió un incremento salarial para 2017 igual el Índice de Precios de Consumo (IPC) para los funcionarios, una oferta de empleo público excepcional de unos 300.000 trabajadores y la convocatoria inmediata de la Mesa General para iniciar las negociaciones.

En esta primera toma de contacto, UGT ha apreciado "disposición al diálogo" por parte de la Administración al haberles adelantado Collado la intención del ministro Montoro de convocar en breve la Mesa General para negociar los asuntos prioritarios tanto para el sindicato como para los tres millones de empleados públicos.

El secretario de Organización de la FeSP-UGT, Frederic Monell, ha asegurado que desde el sindicato afrontan esta nueva etapa con la "máxima disposición al diálogo", pero también "con la máxima exigencia para recuperar los derechos que se perdieron durante la crisis".

DISMINUCIÓN DE HASTA EL 11,3% DEL PODER ADQUISITIVO

UGT propone la aplicación de una política salarial que permita al conjunto de los trabajadores al servicio de las administraciones públicas recuperar el poder adquisitivo perdido durante los últimos años, disminuido hasta un 11,3% en aquellas comunidades autónomas donde no se ha devuelto la paga extra suprimida en 2012.

Por ello, ve necesario un Plan de Empleo, Ordenación de Recursos Humanos y medidas que favorezcan la estabilidad en las administraciones. Según el boletín estadístico del personal al servicio de las administraciones, en la legislatura 2011-2015 se destruyeron 173.957 empleos, principalmente en los entes locales y en la Administración General del Estado, ha indicado UGT.

El sindicato aboga por un sistema de cobertura de la incapacidad temporal que proporcione una protección "adecuada y suficiente" a todos los trabajadores, y restablecer la jornada de 35 horas allí donde estuvieran vigentes antes de su supresión. "La restituciones de derechos deben tener carácter básico y general para todos empleados públicos", ha defendido.