May quiere cobrar más impuestos a los que contraten extranjeros y frenar la compra de empresas británicas

Entre las promesas recogidas en el denominado "Manifiesto conservador", los 'tories' plantean la necesidad de actualizar la legislación de fusiones y adquisiciones con el objetivo de frenar aquellas inversiones sustentadas en la evasión fiscal y en una agresiva apropiación de activos.

"Damos la bienvenida a las inversiones internacionales y queremos que los inversores tengan éxito, pero no cuando este está motivado por una apropiación agresiva de activos o la evasión fiscal", señala el documento.

Asimismo, Theresa May asume el compromiso programático de tomar medidas para la protección de "infraestructuras críticas nacionales", garantizando así que el control extranjero de compañías propietarias de estas infraestructuras "no socava la seguridad o los servicios esenciales de Reino Unido".

En este sentido, la líder conservadora recuerda las medidas adoptadas ya para aumentar los controles y la supervisión de las centrales nucleares en Reino Unido, comprometiéndose a seguir dando pasos en un sentido semejante en lo que respecta a otros sectores, incluyendo telecomunicaciones, defensa y energía.

MÁS IMPUESTOS A LOS QUE CONTRATEN INMIGRANTES.

Por otro lado, el manifiesto conservador hace hincapié en que el país recuperará el control sobre la entrada de inmigrantes en Reino Unido, uno de los aspectos claves de la victoria de los partidarios del 'Brexit' en el referéndum del pasado 23 de junio, señalando que se subirán los impuestos a las empresas que contraten inmigrantes procedentes de fuera de la UE, cuyos ciudadanos también verán frenada su entrada en el país.

"La llegada de inmigrantes cualificados no debería servir para que el Gobierno y las empresas eludan sus obligaciones respecto a la formación de los trabajadores británicos", señala el documento, que promete doblar el importe de la tasa aplicada a las empresas que contratan inmigrantes ('Immigration Skills Charge'), que pasará a ser de 2.000 libras anuales (2.339 euros) y cuya recaudación será destinada a mejorar la formación de los trabajadores británicos.

Asimismo, los conservadores señalan que el Brexit permite a Reino Unido "por primera vez en décadas" controlar la inmigración procedente de la UE, por lo que el Gobierno establecerá una política que facilite "reducir y controlar" el número de personas que llega a Reino Unido desde la UE.