Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, analizar y personalizar tu navegación, mostrar publicidad y facilitarte publicidad relacionada con tus preferencias. Si sigues navegando por nuestra web, consideramos que aceptas su uso. Puedes cambiar la configuración u obtener más información aquí.

En Marea reclama controles públicos para garantizar la calidad de la inspección de riesgos laborales

En Marea quiere que la administración pública ponga en marcha controles para garantizar la calidad de las inspecciones de riesgos laborales ante el aumento de la siniestralidad laboral producido en los últimos meses, con un incremento en los accidentes registrados entre enero y mayo de 2016 de un 9,3% respecto al mismo período del año anterior.
Durante esos cinco meses se produjeron un total de 226.445 accidentes laborales, de los que 1.441 fueron calificados como graves y 186 fueron mortales. En una proposición no de ley presentada en el Congreso y recogida por Europa Press, la marca gallega que integra a Podemos ha presentado varias medidas con las que atajar la siniestralidad, que achacan en gran medida a las condiciones precarias de trabajo y a la privatización de las inspecciones de trabajo.
La formación política, que forma parte del grupo de Unidos Podemos, lamenta que "a las empresas les resulte más barato contratar un servicio de prevención ajeno que dotarse de uno propio", y que por ello tres de cada cuatro opten por lo primero, algo que, a juicio de En Marea, "pervierte y esteriliza" la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y la directiva europea sobre ello.
Asimismo, En Marea critica el recorte de los recursos dedicados a la prevención de riesgos por parte de las administraciones públicas, la escasa formación de los trabajadores para evitar estos siniestros.
Por ello, en la iniciativa registrada en el Congreso piden incrementar las partidas destinadas a la prevención de riesgos laborales, así como la plantilla de inspectores de trabajo para aproximarla a la media de la Unión Europea, cuya ratio de inspector por persona trabajadora se sitúa en 1/10.000.