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Malta tilda de "linchamiento público" la investigación que denuncia el sistema fiscal del país

El ministro de Finanzas de Malta, Edward Scicluna, ha calificado este martes como "linchamiento público" las conclusiones del informe divulgado el pasado viernes que apuntaban que las condiciones fiscales que el país ofrece a las empresas privan al resto de países de la Unión Europea de recaudar 1.500 millones de euros.
El titular maltés de Finanzas ha defendido que el camino a seguir para combatir la evasión y la elusión fiscal es la aprobación de normativas y directivas a nivel comunitario y la coordinación a nivel global y ha criticado el "linchamiento público" y la publicación de "historias" sobre "una jurisdicción particular u otra".
"Estamos en la UE y tenemos que encontrar el modo adecuado para abordar la evasión fiscal, la elusión fiscal y el blanqueo de capitales, que son actividades muy serias, pero tenemos que hacerlo de forma correcta e historias como esas no ayudan", ha afirmado en una rueda de prensa después de la reunión de ministros de Economía de la UE (Ecofin).
"Los asesores financieros tratar de utilizar cualquier régimen fiscal para reducir la imposición. Lo que intentamos es minimizar eso a través de las directivas", ha añadido en la misma línea.
De la misma forma, Scicluna ha argumentado que todos los países han expresado su voluntad para seguir combatiendo la evasión y la elusión fiscal a través de un trabajo "serio, legislativo y cooperativo", aunque ha reconocido que todavía son necesarios muchos esfuerzos en el bloque comunitario.
Según un estudio de la red de Colaboraciones de Investigación en Europa (IEC, por sus siglas en inglés), publicado en España por 'El Mundo', unos 1.200 euros bastan para crear una sociedad filial en Malta y pasar de pagar impuestos de entre el 20% y el 35% a sólo un 5%. El tipo del impuesto de sociedades es del 35% pero se reembolsa en su mayoría por tratarse de un inversor extranjero.
De estas diferencias se habrían beneficiado en 2015 unos 4.000 millones de entidades, lo que en la práctica supondría la pérdida para el resto de la UE de 1.500 millones de euros en términos de recaudación.