La nueva Ley de Contratos supera su primer debate en el Congreso con el rechazo al veto de Unidos Podemos

El Pleno del Congreso ha rechazado este jueves la enmienda de totalidad de Unidos Podemos contra el proyecto de ley de Contratos Públicos, con el que se trasponen varias directivas comunitarias en este ámbito que fueron aprobadas hace tres años.

Aunque toda la oposición ha manifestado sus discrepancias con respecto a diversos aspectos del proyecto de ley, el retraso que acumula la trasposición --que incluso ha motivado la apertura de un procedimiento sancionador a España por la Comisión Europea-- ha llevado a la mayoría a votar en contra de la enmienda de totalidad para no dilatar aún más el proceso. Sólo Unidos Podemos y Bildu han votado a favor, mientras ERC y Compromís se han abstenido.

Durante el debate en el Pleno de la Cámara Baja, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha señalado que la trasposición de estas directivas de contratación da la oportunidad de mejorar algunos aspectos regulados anteriormente, introducir nuevas exigencias e incluso "ir más allá" de lo establecido por la UE para contar con una "herramienta útil" y conforme a los "estándares más avanzados en transparencia, eficiencia, libre competencia, simplificación de procedimientos, uso de nuevas tecnologías y responsabilidad social y medioambiental".

125.000 CONTRATOS AL AÑO

Tras cifrar en 125.000 los contratos que se firman cada año por un valor equivalente al 10% del PIB, el ministro ha defendido que hace falta una "estricta regulación y control" para "no caer en el riesgo del caos administrativo". Por eso, se plantea una norma que respeta la autonomía de las administraciones y que mejora la transparencia para evitar "episodios de fraude y corrupción como los que, por desgracia, se han sucedido en España durante mucho tiempo".

Por último, Montoro ha detallado algunos cambios que se introducen con esta ley, como la generalización de la declaración responsable para participar en las licitaciones, el fomento de la contratación económica, la introducción de un nuevo procedimiento abierto simplificado o la inclusión en el ámbito de aplicación de la ley de partidos, sindicatos y patronales.

El diputado de En Comù Josep Vendrell ha defendido su enmienda de totalidad alegando que este proyecto de ley "no traspone bien" las directivas comunitarias ni "incorpora de forma correcta" sus principales objetivos. "Y es difícil resolver esto sólo con enmiendas parciales porque es un problema estructural," avisando de que podría acabar resultando una ley "parcheada".

NO SE TRASPONEN BIEN LAS DIRECTIVAS

En particular, el diputado catalán considera que esta nueva normativa "no permitirá luchar bien contra la corrupción" ni aportará transparencia y modernidad a los procedimientos de contratación. Además, ha tachado el texto de "centralista y recentralizador".

La portavoz adjunta de Unidos Podemos en la Comisión de Hacienda, Auxiliadora Honorato, ha coincidido con su compañero de grupo, alegando que es necesario "hacer algo absolutamente diferente para poder ser eficaz contra la corrupción" porque el texto "farragoso" que ha presentado el Gobierno permitirá que la corrupción "sobreviva".

"Si no se retira este proyecto de ley, nos preocupa que el resultado sea un texto Frankenstein de la contratación que no sirva a los objetivos de las directivas europeas ni permita abordar los problemas que tenemos", ha avisado.

Pese a las dudas que despierta el texto en la oposición, la mayoría de grupos ha abogado por no retrasar más la trasposición de las directivas. En este sentido se ha pronunciado la socialista María Jesús Serrano, que cree que "no es lo más conveniente" retrasar este trámite cuando España "ya está fuera de plazo", porque además implicaría "alargar en el tiempo los gravísimos problemas de corrupción" propiciados por una "deficiente transparencia" en la contratación pública.

NO SE PUEDE RETRASAR MÁS EL TRÁMITE

No obstante, el PSOE cree que el texto "no es bueno". "El proyecto debería ser puntero y de referencia en la UE, sobre todo tras el retraso que llevamos, pero es un proyecto farragoso y de difícil comprensión", ha añadido la diputada, lamentando que el Gobierno haya perdido la oportunidad de revertir la "injusta" situación social, económica y laboral causada por el PP en los últimos años.

Fernando Navarro, de Ciudadanos, ha subrayado la importancia de esta normativa, que afecta a un ámbito en el que cada año se "derrochan" 47.500 millones de euros. "No entendemos el trámite de urgencia pero no queremos retrasarlo más. Queremos enmendar la ley. Tenemos por delante un trabajo muy duro, poco de escaparate, muy importante: definir si la contratación pública será un campo en el que florece el amiguismo o si se da el primer paso para una contratación limpia, eficiente y acorde con el siglo XXI", ha resaltado.

También la diputada del PNV Idoia Sagastizabal cree que "no se puede perder más tiempo" ante una norma "tan importante para la economía y la competitividad", aunque reconoce que le "llama la atención la urgencia" con la que el Ejecutivo pretende tramitar el proyecto pese a su "gran calado social y político".

NEGOCIAR CON TIEMPO

En la misma línea, Ferran Bel (PDeCAT) ha avanzado que no está de acuerdo con el texto del Gobierno, pero opina que no existe "ningún motivo para continuar manteniendo el retraso" que ya acumula la trasposición. "Cuanto antes nos pongamos a trabajar más operativo será para todos. No perpetuemos más una legislación que no ha sido útil. Pero ésta es una ley muy importante, así que no corramos. Vamos a tener que negociar muchísimo, tomémonos el tiempo necesario para hacer una buena ley", ha pedido.

Por ERC, Teresa Jordà ha ironizado con que el ministro ha hecho homenaje con su intervención al "santo del día", San Pánfilo de Cesarea, porque ha tratado al resto de diputados como si fueran unos pánfilos al presentar una ley que pretende "blindar privilegios". "Nosotros pretendemos eliminar la casta y la caspa del Pacto del Bernabéu, y favorecer a las pymes y a la economía social", ha replicado.

Finalmente, el 'popular' Vicente Marí ha responsabilizado del retraso en la trasposición al "marasmo del 'no es no'" que se vivió durante 2016, y ha defendido que seguir aplazando la aprobación "no se compadece con el peligro" del procedimiento sancionador de la Comisión a España.

En este sentido, el diputado cree que la enmienda de totalidad responde únicamente "a lo que se espera que diga el personaje construido" por Unidos Podemos. "Y al final pasa que cuando ustedes hablan de la gente, falta que piensen en la gente", ha espetado a la formación morada.

Tras el rechazo a la enmienda de totalidad de Unidos Podemos, los grupos parlamentarios cuentan de plazo hasta el sábado para presentar enmiendas parciales. El proyecto de ley se tramitará por el procedimiento de urgencia en la Comisión de Hacienda, que tiene competencia legislativa plena, por lo que no deberá volver al Pleno antes de ser remitido al Senado.