Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, analizar y personalizar tu navegación, mostrar publicidad y facilitarte publicidad relacionada con tus preferencias. Si sigues navegando por nuestra web, consideramos que aceptas su uso. Puedes cambiar la configuración u obtener más información aquí.

IU pregunta al Gobierno si adoptará medidas para penalizar la práctica de la usura

La diputada de IU Isabel Salud ha registrado una batería de preguntas en el Congreso con las que, entre otras cuestiones, busca que el Ejecutivo explique si tiene previsto adoptar algún tipo de medida para "desincentivar" y "penalizar" la práctica de la usura.
A raíz de casos recientes, como el de un hombre de 84 años que iba a ser desahuciado de su vivienda en San Sebastián (Guipúzcoa) al no poder afrontar el pago de una deuda "totalmente desproporcionada y abusiva" contraída con un prestamista usurero, la diputada de IU, que participó en las movilizaciones para evitar este desahucio, ha puesto en marcha esta iniciativa.
En ella se interroga también al Ejecutivo sobre si cree oportuno "sancionar la nulidad de los contratos de préstamos usuarios con la pérdida para el prestamista usurero de parte del capital prestado, además de los intereses, para penalizar con contundencia la actividad usuraria".
Salud considera "imprescindible" que se protejan con firmeza "los derechos de las personas consumidoras y usuarias". Las preguntas que plantea IU se sustentan en varias leyes que abarcan desde 1908 a 2007, de las que se desprende la vigencia de que "será nulo el contrato de préstamo que estipule un interés usurario" y que "el prestamista usurero, llegado el caso, pierde su derecho sobre el interés estipulado, pero no sobre el reintegro de la totalidad del capital prestado".
SANCIÓN "CLARAMENTE INSUFICIENTE"
Para la parlamentaria vasca de IU esto significa que "la sanción para un préstamo usurario es sólo la pérdida del prestamista del derecho a percibir intereses, sin que se vea afectado el principal prestado que deberá ser reintegrado en su totalidad".
Salud cree que se trata de "una sanción que parece claramente insuficiente para disuadir a los prestamistas y para proteger los derechos de las personas consumidoras y usuarias frente a la práctica de la usura".