La ILP para una prestación de ingresos mínimos se enfrenta hoy a una enmienda a la totalidad del PP

Tras ser aceptada a trámite el pasado mes de febrero, la iniciativa se enfrenta este jueves a la enmienda a la totalidad que propone el PP, un texto alternativo con el que los 'populares' quieren constituir un grupo de estudio sobre las distintas prestaciones y ayudas que existen en la actualidad.

Con el fin de superar este segundo examen en el Congreso, los sindicatos mantuvieron ayer una reunión en la Cámara Baja con representantes del PSOE, Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, PDeCAT y Compromís para pedirles que, tras apoyar su admisión a trámite, rechacen casi ocho meses después la alternativa del PP.

Asimismo, también esperan contar con el apoyo del PNV --"están trabajando en su apoyo", han dicho desde las organizaciones sindicales-- y de Ciudadanos, con quienes a pesar de mantener un encuentro esta misma semana, tampoco garantizaron su adhesión. "Nos dijeron que estaban reflexionando en el tema, esperamos que reflexionen bien", han dicho los sindicatos.

"SI FUESE SOBRE EL IBEX O LA BANCA, NO HABRÍA DILACIÓN"

Desde CC.OO, su secretario de Participación Institucional, Paco Carbonero, ha criticado que, pese al crecimiento de la economía, no cambie la dinámica de "empobrecimiento" en el país, por lo que ha reivindicado su propuesta como una "solución a la pobreza y a la penuria".

Asimismo, Carbonero también ha lamentado del PP la "estrategia de dilatación" que, a su juicio, suponen tanto esta enmienda a la totalidad como pedir reiteradamente la ampliación de plazos para presentarlas. "Si estuviéramos hablando de un problema de la gran banca o del Ibex, el PP no estaría buscando dilatar esta cuestión", ha dicho.

"EL PP CAMBIA TODO EL SENTIDO DE LA ILP"

Por su parte, la secretaria confederal de UGT, Adela Carrió, ha cargado contra la propuesta presentada por el PP, a pesar del apoyo social con el que cuenta la iniciativa, destacando que además de sacar del Congreso la implantación de estas prestaciones, otorga el control del grupo de estudio al Gobierno, reservando solo cuatro votos a las organizaciones sociales.

"Cambia todo el sentido de nuestra ILP, tan necesaria para nuestra sociedad. Si no se consigue rechazar, no tendrá ningún sentido el esfuerzo realizado hasta ahora", ha dicho, recordando que la iniciativa aunó más de 700.000 firmas antes de llegar al Congreso.