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Hacienda registra 21 lonjas en una operación contra las ventas en negro en el sector mayorista de pescado

La Agencia Tributaria ha registrado un total de 21 lonjas en cinco comunidades autónomas (Canarias, Cataluña, Galicia, Murcia y Comunidad Valenciana) en una operación contra las ventas en negro en el sector mayorista de venta de pescado fresco, según ha informado el Ministerio de Hacienda en un comunicado.
En concreto, la actuación de esta operación, denominada 'Piélago', implica el inicio de actuaciones inspectoras tanto sobre las propias entidades gestoras de las lonjas, como sobre armadores y mayoristas de pescado, de forma que el dispositivo desplegado por la Agencia afecta a un total de 37 entidades (3 en Canarias, 12 en Cataluña, 14 en Galicia, 2 en Murcia y 6 en Comunidad Valenciana).
Adicionalmente, las Haciendas Forales de Guipúzcoa y Vizcaya han coordinado sus actuaciones con la Agencia Tributaria, sumando a la operación 'Piélago' comprobaciones en cinco lonjas del País Vasco.
Las investigaciones previas que han desembocado en la operación 'Piélago' tienen su origen en los controles fiscales que viene efectuando la Agencia Tributaria en relación con lonjas de diversos puntos del territorio español y muy especialmente en el norte y noreste de España.
Fruto de estas actuaciones, entre las que destacan las efectuadas el pasado año en el marco de la operación 'White' en Cataluña, la Agencia detectó no sólo la existencia de diversas irregularidades que redundaban en una disminución de las bases imponibles declaradas y los ingresos tributarios, sino también la existencia de un canal paralelo de actividad económica en 'B', desde el armador hasta el minorista de pescado, ocasionando un importante perjuicio para la Hacienda Pública.
El dispositivo desplegado tiene por objeto asegurar la trazabilidad fiscal de las operaciones económicas en el sector mayorista del pescado, accediendo a la realidad de los kilos descargados por los buques, determinando también el precio real de remate de las subastas en lonja y obteniendo información sobre los armadores que han descargado y los mayoristas que han tenido acceso a las subastas y han adquirido el pescado.
De esta forma, el objetivo es aflorar una presumible actividad parcialmente sumergida que ya quedó patente en actuaciones inspectoras anteriores.