Hacienda y las CCAA discuten el plan para emitir deuda a interés cero

ropuesta significa que sea el Tesoro el que emita la deuda que necesiten el resto de administraciones públicas y que les aplique un tipo del 0 por ciento, con lo que el coste de la medida, que aún no está cuantificado, se trasladaría al Estado.

El objetivo es "contribuir a la reducción del déficit público de las comunidades y los ayuntamientos, optimizando la financiación del déficit y la deuda pendiente de refinanciación", según ha explicado el ministro, Cristóbal Montoro, estos días. El presupuesto que no dedicarán a pagar intereses podrán invertirlo en otras partidas.

Hacienda no ha concretado más detalles sobre este mecanismo, pero tiene la intención de que se apruebe este martes y que el Consejo de Ministros le dé luz verde el próximo viernes, de manera que se pueda empezar a utilizar ya en las refinanciaciones que ayuntamientos y comunidades realicen a partir de enero. Alcanzará tanto a las autonomías incluidas en el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) como a las que no han hecho uso de este recurso. Servirá igualmente para los acogidos al plan de pago a proveedores.

"Cuanto antes podamos materializar esta propuesta antes nos beneficiaremos todos", ha insistido Montoro, convencido de que será "bien recibida" por todas las administraciones territoriales.

MEDIDAS BENEFICIEN A TODAS LAS COMUNIDADES POR IGUAL

No obstante, tras surgir las primeras informaciones sobre esta medida, el portavoz de la Junta de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez, advirtió de que el Gobierno castellanoleonés no será "nada favorable" a que se beneficie sólo a las autonomías incumplidoras que en su día tuvieron que acudir al FLA en detrimento de otras que, como la comunidad castellanoleonesa, sí han cumplido los objetivos del déficit y han ayudado a España a salir de la difícil situación macroeconómica en la que se encontraba hace tres años.

"Solidarios siempre pero no somos tontos". De Santiago-Juárez insistió a este respecto en que al Gobierno de Castilla y León le costaría entender que se beneficie a las autonomías incumplidoras. "Tendría mucha gracia", ironizó al respecto y añadió que no beneficiar también a las autonomías que no acudieron al FLA sería "muy difícil de digerir aunque estemos en Navidad".

Del mismo modo, el conseller de Economía de la Generalitat de Catalunya, Andreu Mas-Colell, también lamentó que el Gobierno no debata con las comunidades los cambios.

También se ha pronunciado al respecto el Gobierno madrileño, que ha avanzado que se opondrán al perdón de los intereses de la deuda a las comunidades "incumplidoras" si no se beneficia también a las cumplidoras como, aseguran, es su caso. Por eso piden medidas que beneficien a todas las comunidades por igual.

Además, la Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid ha preparado un documento de cara al CPFF en el que asegura que Madrid acumula desde el año 2012 "múltiples agravios" en cuanto a las decisiones adoptadas en materia de política financiera y el Sistema de Financiación por parte del Estado, que han causado un perjuicio a la región de 7.229 millones, "el equivalente al presupuesto anual destinado a la Consejería de Sanidad".

SIN CÁLCULOS DEL COSTE

A pesar de los diferentes costes que esta medida podría suponer, Montoro asegura que aún no hay estimaciones concretas porque se sigue trabajando en los detalles del procedimiento. Además, ha indicado que no se trataría de un gasto adicional para el Estado.

Así, en principio la intención es que sea el Tesoro el que se encargue de la refinanciación de la deuda antigua y de las nuevas emisiones, aprovechando el bajo coste que está pagando actualmente, de modo que se aplique el menor tipo posible.

Sin embargo, a la hora de trasladar el coste a las comunidades y ayuntamientos no se aplicaría el tipo de la subasta, sino el 0%, de modo que se produciría una traslación de ese coste al déficit del Estado, si bien Montoro no teme que eso haga peligrar la consecución del objetivo de déficit público de 2015, fijado en el 4,2%.

NO ES UN INCENTIVO AL INCUMPLIMIENTO

Montoro defiende siempre el esfuerzo que están realizando las comunidades para reducir desequilibrios, incluso en el caso de las que no están alcanzando los objetivos de déficit. Medidas como la mutualización con un tipo del cero por ciento no anima al incumplimiento del déficit.

El ministro subraya además que el desvío registrado el año pasado fue de tres décimas, una cifra "importante" pero que a su juicio no significa que "no existe control de las comunidades". "Otra cosa es la advertencia sobre lo que puede ser una desviación este año sobre el objetivo previsto, muy exigente, y las dificultades para alcanzar los objetivos de próximos años", ha reconocido a renglón seguido.

Montoro también ha insistido en que este año no cabe plantear objetivos asimétricos, o una flexibilización en su cumplimiento, por mucho que sea "difícil hacer y ejecutar presupuestos en estas condiciones".

OTRAS MEDIDAS

La complejidad de este mecanismos de deuda y el debate que ha conllevado ha retrasado la fecha de convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera hasta el 23 de diciembre.

Además de discutir y votar este asunto, el orden del día del Consejo de Política Fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press, recoge otros asuntos: el reparto de la recaudación del impuesto sobre depósitos bancarios, que establecieron varias comunidades hasta que se lo atribuyó el Estado el año pasado.

La reunión servirá también para aprobar el llamado FLA social, similar al fondo existente pero dedicado a que las autonomías paguen lo que adeudan a los ayuntamientos por aquellos servicios de su competencia que presentan los consistorios.

Además, el ministerio llevará al Consejo medidas para contener el gasto sanitario, como el techo del gasto farmacéutico, de manera que no crezca por encima del PIB.

También informará Hacienda sobre el grado de cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública y de la regla de gasto en el ejercicio 2013.

Como en otros Consejos, se deben aprobar además los planes económico financieros de varias comunidades, en este caso, Cataluña, Región de Murcia, Comunitat Valenciana, Castilla-La Mancha y Cantabria.

Además, se aprobará la propuesta de acuerdo sobre la asunción de las devoluciones derivadas de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 27 de febrero de 2014, en relación con el Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos.