Guindos y Moscovici abordarán este fin de semana la posible multa a España

Sin embargo, la agenda del ministro de Economía español contiene también un encuentro con el comisario europeo de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, para abordar la posible multa a España por el incumplimiento del déficit público en 2015, sobre la que el Colegio de Comisarios de la UE debe tomar una decisión el próximo 27 de julio.

En dicha reunión también se tratará la nueva senda de consolidación fiscal de España para los años 2016 y 2017, en la que el Gobierno en funciones previsiblemente buscará una mayor flexibilidad ante la parálisis política que le tiene con las manos casi atadas.

Fuentes de Economía consultadas por Europa Press no han confirmado qué día tendrá lugar el encuentro con Moscovici y han asegurado que España "no pide nada".

Sin embargo, el comisario de Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete, aseguró este miércoles que compete al Gobierno español en funciones aclarar si quiere uno o dos años más para cumplir con el objetivo de rebajar el déficit por debajo del 3%.

"La Comisión tiene que decidir una senda en función de las peticiones que haga el Gobierno. Cada Gobierno sabe lo que es capaz de hacer", explicó el comisario, que ha insistido en que el Ejecutivo comunitario es partidario de fijar una senda "realista".

"Si sólo pide un año España, le van a dar solo un año. Le van a dar lo que pida", ahondó el comisario, para insistir a renglón seguido en que importa no solo si es el año o no, sino "la cifra" del esfuerzo fiscal que tendrá que hacer España para cumplir con el déficit cada año.

¿UNO O DOS AÑOS DE PRÓRROGA?

Hasta la fecha, el Gobierno de Mariano Rajoy solo ha pedido un año más de margen para reducir el déficit por debajo del 3% del PIB y salir del brazo correctivo de la UE, por cuestiones, entre otras, de credibilidad. De acuerdo con el Programa de Estabilidad 2016-2019 el déficit debería reducirse del 5% del PIB al 3,6% en 2016 y al 2,9% en 2017.

Posteriormente, la UE estableció una nueva senda del 3,7% del PIB en 2016 y del 2,5% en 2017, pero con la condición de que España redujera el déficit estructural en 0,25 puntos porcentuales este año y 0,50 puntos porcentuales el próximo, un total de 8.000 millones de euros. En cualquier caso, esta senda no se aprobaría hasta que estuviera resuelta la cuestión de la sanción.

España ha movido ficha y en las alegaciones presentadas ante Bruselas para esquivar la multa, ha presentado una serie de medidas para cubrir esos 8.000 millones de euros. La principal es la recuperación del tipo mínimo en el pago fraccionado del Impuesto de Sociedades para las grandes empresas. Solo ese cambio adelantaría a 2016 ingresos por valor de entre 6.000 y 7.000 millones de euros.

La duda que sobrevuela es si se trata a ojos de la UE de medidas estructurales o no. Por lo pronto, la recuperación de estos pagos fraccionados se aplicará en 2016, en caso de que se forme un Gobierno en agosto que pueda aplicar la medida mediante decreto, y también en 2017. Aún estaría por ver qué ocurre en 2018.