Gobierno valenciano dice que la sentencia de TS "evidencia una falsificación masiva" de cuentas de anteriores gobiernos

El conseller de Hacienda y Modelo Económico de la Generalitat Valenciana, Vicent Soler, ha manifestado que la sentencia del Tribunal Supremo (TS) sobre la multa de la Unión Europea (UE) por la ocultación de 1.900 millones en facturas por parte de los anteriores Gobiernos autonómicos del PP "pone en evidencia una falsificación masiva de las cuentas por los anteriores ejecutivos que ha costado 19 millones a los valencianos, así como el engaño sistemático con la manipulación de los datos del déficit".

Soler se ha referido así en un comunicado al fallo del TS, en el que ha confirmado que la Generalitat Valenciana debe pagar la multa de 18,93 millones de euros que impuso la UE por manipular datos de déficit en la autonomía, al considerar ajustado a derecho el acuerdo del Consejo de Ministros impugnado por el Consell, que determinó la responsabilidad exclusiva de la Comunitat por incumplimiento del derecho de la UE.

De esta forma, la sección tercera de la sala de lo contencioso-adminitrativo del Supremo ha desestimado el recurso de la Generalitat contra el acuerdo del Consejo de Ministros, de 4 de marzo de 2016, de repercutir a esta autonomía la responsabilidad exclusiva del pago de la multa de 18,93 millones de euros impuesta a España por el Consejo de la UE el 13 de julio de 2015 por manipulación de los datos del déficit en la Comunitat.

Desde la Conselleria de Hacienda han destacado que el Gobierno central ya descontó estos 18,93 millones de la financiación autonómica de la Generalitat en 2016. Ahora, han recordado que hay que esperar a la resolución del proceso en el Tribunal de Justicia de la UE, dado que España recurrió la multa.

"El recurso tenía un sentido, defender los intereses del contribuyente valenciano", ha subrayado el conseller, quien ha añadido: "Queríamos que la multa, si finalmente se ratifica por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, al menos la pagáramos a medias el Gobierno de España y Generalitat, porque, efectivamente, pudo haber una mala gestión por parte del Gobierno autonómico anterior, del PP, pero también ha podido haber por parte del Gobierno de España una falta de supervisión en la ocultación de facturas".

Hacienda también ha recordado que, tal como expone la Generalitat en su recurso, la Sindicatura de Comptes denunciaba desde finales de los años 90 la ocultación de facturas de forma masiva por parte de los gobiernos valencianos, sin que la Administración central tomara medidas. Tampoco lo hizo inicialmente cuando el anterior Consell, a través de la Intervención General de la Generalitat, comunicó unos datos erróneos a finales de enero de 2012 y a finales de abril de 2012, han indicado.

Sin embargo, fue la necesidad de incluir esas facturas en el Plan de Pago a Proveedores aprobado en abril de 2012 lo que obligó a aflorarlas, según han subrayado.

Tal como refiere la sentencia, "en el marco del mecanismo extraordinario de financiación para el pago a proveedores de las comunidades autónomas, el análisis del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de la información remitida por las comunidades autónomas reveló irregularidades en la trasmisión del gasto sanitario en la Comunitat Valenciana, lo que se notificó a Eurostat el 17 de mayo de 2012".

La Intervención de la Generalitat, que depende orgánicamente de la Conselleria de Hacienda y cuyo titular tiene la condición de alto cargo del Consell, "no confirmó oficialmente los importes correctos a la Intervención General de la Administración del Estado hasta junio de 2012".

"GESTIÓN NEFASTA"

"Esta sentencia del Tribunal Supremo --ha lamentado el conseller Soler-- carga sobre las espaldas de los valencianos un tema gravísimo, como es la ocultación de facturas, algo que es sinónimo de una gestión nefasta". "Esto quiere decir que lo que había en la Comunitat Valenciana no era solo corrupción. Había corrupción, pero también una malísima y desastrosa gestión del dinero de los valencianos", ha criticado.

Ahora, ha explicado Soler, el proceso judicial queda pendiente de la sentencia que dicte el Tribunal de Justicia de la UE sobre el recurso que presentó el Reino de España contra la decisión europea de imponer esta sanción a España. El conseller ha señalado que la Generalitat "ha actuado con cautela y responsabilidad en todo momento, esperando que culminaran todos los trámites".

"Ahora corresponde esperar a que finalice el proceso judicial en el Tribunal de la UE y después analizaremos la exigencia de responsabilidades porque los valencianos no tienen por qué pagar los tropelías de los anteriores gestores del Consell", ha destacado.

"Es una vergüenza que la primera sanción de Europa por manipular el déficit sea como consecuencia de la ocultación masiva de facturas que hicieron los responsables anteriores de la Generalitat. Deberían pedir perdón y asumir responsabilidades porque es indecente que eso lo tengan que pagar los valencianos", ha dicho Soler.

En ese sentido, ha denunciado que "la actitud del Gobierno, de endosar al actual Consell las malas prácticas de sus correligionarios en la Generalitat, es indignante".

"RESPONSABILIDADES POLÍTICAS"

Por su parte, la secretaria autonómica de Hacienda, Clara Ferrando, ha considerado "una vergüenza que los ciudadanos tengan que pagar por la mala gestión de sus gobernantes". "Tendremos que pedir responsabilidades políticas a los culpables de una negligencia que nos va a constar muy cara", ha agregado.

"La exconsellera Isabel Bonig y los dirigentes del PP de la Comunitat Valenciana deberían opinar sobre la gestión del anterior Consell. Que les expliquen ellos a los valencianos los 19 millones de euros que nos han descontado, si el Tribunal Europeo no cambia la decisión, por manipular los datos del déficit", ha recalcado Ferrando.

"Con esos 19 millones se habrían podido construir cuatro centros de Atención Primaria o cuatro colegios. La gestión del PP en nuestra Comunitat nos ha resultado muy cara a los valencianos", ha continuado Ferrando, que ha añadido: "A la corrupción y el despilfarro, ahora hay que sumar una negligencia que ha resultado en una multa que tendrán que pagar los contribuyentes".