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El Gobierno tiene sustento legal para oponerse a la OPA de Atlantia sobre Abertis

La Ley de Autopistas dice que la cesión de las vías de pago españolas "requiere el consentimiento del Gobierno"
El Gobierno tiene sustento legal para manifestar su eventual oposición o impedir que prospere la oferta pública de adquisición de acciones (OPA) que la compañía italiana Atlantia ha lanzado sobre el grupo de concesiones español Abertis.
Se trata de la Ley de Autopistas, un texto de los años setenta que, en el punto uno de su artículo 31, dice que "la cesión (de las vías de pago) a un tercero requerirá el previo consentimiento del Gobierno".
Esta autorización es necesaria dado que, tal como dice la misma ley en su artículo 3, "el servicio objeto de la concesión (la autopista) constituye una actividad propia del Estado, que el concesionario gestiona, en su nombre y temporalmente, bajo la inspección y vigilancia de la Administración concedente".
Desde que el 15 de mayo Atlantia lanzó la OPA, el Gobierno ha reiterado en distintas ocasiones que actuará ante esta operación "con estricto cumplimiento de la legalidad" y en defensa, "ante todo, del interés general".
Así, en virtud de lo recogido en la Ley de Autopistas, en caso de que, en aras de dicho interés general lo considerara oportuno, el Gobierno podría no "consentir" el traspaso de los contratos de concesión de las autopistas que actualmente tiene Abertis.
De hecho, el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, indicó esta semana que el Ejecutivo está "especialmente interesado" en esta operación y que, "dentro del cumplimiento de la ley, dará o no las autorizaciones pertinentes en función de las características en que se vayan a producir".
Abertis es el primer operador de autopistas de España. A través de contratos de concesión con la Administración, gestiona de forma directa 1.559 kilómetros de autopistas, el 60% del total de la red. Además, participa en otras vías que suman 200 kilómetros más.
Cada contrato de concesión de cada una de las autopistas que gestiona la compañía que dirige Francisco Reynés debe contar la correspondiente autorización del Consejo de Ministros para su eventual traspaso.
Esta autorización se suma a la que el Gobierno también debe conceder ante un cambio de control de Hispasat, operador de satélites español en el que Abertis es accionista mayoritario, pero en el que también participa el Estado, que además lo considera un activo "estratégico para el país".
DUDAS DEL MERCADO.
Además de la autorización del Gobierno español, el mercado está actualmente pendiente de la respuesta a la oferta de Criteria, primer accionista de Abertis con un 23% de su capital, y de una eventual mejora de la propuesta de Atlantia.
Los 16,50 euros por acción que ofrece en la OPA ya han sido superados por la cotización de Abertis, si bien este viernes cerró ligeramente por debajo (16,440 euros).
Con su OPA, valorada en 16.341 millones de euros y calificada de "amistosa", Atlantia pretende constituir un 'gigante' mundial de las infraestructuras de transportes. La corporación resultante contaría con 14.100 kilómetros de autopistas en ocho países y generaría un beneficio bruto de explotación (Ebitda) anual de 6.600 millones de euros.