Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, analizar y personalizar tu navegación, mostrar publicidad y facilitarte publicidad relacionada con tus preferencias. Si sigues navegando por nuestra web, consideramos que aceptas su uso. Puedes cambiar la configuración u obtener más información aquí.

El Gobierno aplica el copago farmacéutico en función de la renta

Las pensiones no contributivas y los parados sin prestación no pagarán por las medicinas

Quienes ganen más de 18.000 euros anuales pagarán el 50% y quienes ganen por debajo el 40%

El Ejecutivo apuesta por acabar por el turismo sanitario para ahorrar 1.000 millones de euros

No habrá copago sanitario pero sí habrá copago farmacéutico. La ministra de Sanidad, Ana Mato, ha acordado con las CCAA que los pensionistas paguen un 10% del precio de los medicamentos con receta hasta un máximo de 8 ó 18 euros al mes en función de su pensión. También, los trabajadores en activo pagarán los fármacos en función de su renta. En cambio, a los parados que ya han agotado su prestación por desempleo les saldrán gratis "hasta que encuentren trabajo". Además, Mato ha anunciado que se modificará la ley española para acabar con el turismo sanitario y ahorrar 1.000 millones de euros.
Tras el acuerdo de Sanidad y las comunidades, la modificación del actual sistema de copago farmacéutico acordado reduce el número de personas que no tienen que pagar por sus medicamentos con receta en la farmacia, algo de lo que sólo se beneficiarán los parados sin prestación y las personas con pensiones no contributivas o renta de reinserción. A partir de ahí, se establecen diferentes categorías "según la renta" para los trabajadores activos y para el resto de pensionistas, que a partir de ahora tendrán que pagar un porcentaje del precio de sus medicinas. "No pagan los que tienen menos y pagan más los que tienen más, y a partir de ahí se gradúa", ha explicado Mato.
En concreto, los pensionistas pagarán un 10 por ciento del precio de sus medicamentos. No obstante, aquellos con rentas inferiores a los 18.000 euros no pagarán más de 8 euros al mes, un límite que para los pensionistas con rentas de más de 18.000 euros será de 18 euros mensuales.
Por otra parte, en el caso de los trabajadores activos, se establecen diferentes porcentajes de copago en función de la renta que acaba con el 40 por ciento que se pagaba anteriormente. A partir de ahora, este porcentaje sólo será válido para trabajadores cuya renta sea inferior a los 18.000 euros anuales, que no tienen obligación de tributar en el IRPF, y para familias numerosas.
Sin embargo, para aquellos que ganan más de 18.000 euros anuales, la aportación será de un 50 por ciento, mientras que aquellos trabajadores con rentas iguales o superiores a los 100.000 euros anuales pasarán a pagar un 60 por ciento, hasta un máximo de 60 euros mensuales.
"Ningún afán recaudatorio"
Además, Mato ha insistido en que "esta medida no tiene ningún afán recaudatorio" ya que, si hubiera sido ese su objetivo, "hubieran optado por otras medidas como la tasa de un euro por receta" de Cataluña que, a su juicio, "no es la más justa".
Lo cierto es que el objetivo, ha explicado, es "poner en valor el medicamento" y evitar que "se tiren fármacos a la basura". España es actualmente el segundo país qué mas fármacos consume "cuando no estamos tan enfermos", y cada año se destruyen 3.700 toneladas de medicamentos que han caducado o no se han utilizado.
Esta modificación del sistema de copago farmacéutico se aprobará en el próximo Consejo de Ministros y, según ha avanzado Mato, se podrá poner en marcha en los próximos dos meses una vez se resuelvan las modificaciones técnicas que necesita.
Asimismo, Mato ha anunciado que el Gobierno ha acordado junto con las comunidades incorporar al Derecho español, un artículo que "prohíbe de forma explícita desplazarse en busca de atención sanitaria", para acabar con el turismo sanitario y ahorrar 1.000 millones de euros.
"Como no hemos incorporado ese artículo muchos europeos se desplazan a España únicamente en busca de atención sanitaria. Hasta tal punto que hay personas europeas que tienen más derechos sanitarios que muchos españoles", ha afirmado en la rueda de prensa posterior al Consejo Inteterritorial de Sanidad.
De este modo, ha añadido, se pretende "acabar con el turismo sanitario y con los abusos que se producen por parte de los extranjeros que vienen a España". En concreto, calculan que casi 700.000 extranjeros han accedido sin derecho a la tarjeta sanitaria, lo que ha ocasionado un gasto de 917 millones de euros.
Lo cierto es que esta decisión, ha explicado, se produce después de valorar un informe del Tribunal de Cuentas donde se recomendaba cambiar la actual legislación relativa al desplazamiento sanitario. Así como se aseguraba que "se ha utilizado mal la asistencia sanitaria en la sanidad por parte de los extranjeros, tanto europeos como de otros países".
Como ejemplo, ha denunciado que "hay personas que viene a España, se empadronan y con ese empadronamiento obtienen la tarjeta sanitaria, la convierten en tarjeta europea, se vuelven a su país de origen y la factura de su país de origen la pagamos en España".
Cartera común básica de servicios
Asimismo, Sanidad y las comunidades han acordado establecer una cartera común de servicios del SNS, que "asegure que todos los españoles, con independencia de la comunidad autónoma en la que vivan, tengan acceso a las mismas prestaciones sanitarias, de la más alta calidad".
Para ello, se establece una cartera común básica de servicios asistenciales. Incluirá, como hasta ahora, los servicios de prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación que se dispensan en centros sanitarios o sociosanitarios, así como el transporte sanitario urgente, y que están cubiertos de forma completa por financiación pública.
Además, también habrá una cartera común suplementaria que incluirá las prestaciones cuya provisión se realiza mediante dispensación ambulatoria, y que están ya sujetas a aportación del usuario.
Junto a esta cartera habrá otra de servicios accesorios, con actividades, servicios o técnicas que, no siendo prestación sanitaria, se consideran imprescindibles para ciertas patologías, caso de los cosméticos para pacientes con enfermedades raras.
Por otro lado, Mato ha destacado la creación de la Agencia de Evaluación de Tecnologías, que será la encargada de determinar la ordenación de la cartera de servicios. Estas mejoras permitirán maximizar la eficiencia y generar un ahorro de unos 500 millones.
También, se ha acordado unificar el criterio de participación de los usuarios en productos farmacéuticos, ortoprótesis, dietoterápicos y transporte sanitario no urgente.
En lo que se refiere a Recursos Humanos, el Consejo ha acordado elaborar un catálogo homogéneo de categorías profesionales, donde se establezcan las equivalencias entre los distintos servicios de salud. El objetivo es facilitar la movilidad de los profesionales sanitarios.
Además, se regulan las áreas de capacitación para hacer realidad las superespecialidades. Por ejemplo, la cirugía cardíaca infantil. Estas medidas permitirán una eficiencia de 470 millones de euros.
Por otro lado, también se ha tratado sobre la plataforma centralizada de compras, que se considera que permitirá un ahorro de entre el 15 y el 50 por ciento frente al sistema de compras individualizado para cada Comunidad Autónoma que se emplea, lo que supone más de 1.000 millones.
La plataforma centralizada ya se ha puesto en marcha en proyectos concretos, como la adquisición de las vacunas para la gripe estacional para la temporada 2012-2013, a la que se han adherido catorce comunidades autónomas.
Por su parte, el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, entiende que en estos momentos de crisis, en los que hay un déficit presupuestario, hay que "distinguir si es posible o no la cultura del gratis total", en referencia al debate del copago farmacéutico.
Además, el secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Fernando Jiménez Latorre, ha defendido este miércoles que tanto la propuesta de que los jubilados paguen el 10 por ciento de los medicamentos como el resto de iniciativas que puedan surgir en el marco de la reforma sanitaria buscan únicamente "situar el servicio en la sostenibilidad".