El Gobierno colabora con la Oficina Antifraude europea pero no desvela en qué casos por confidencialidad

La diputada de Unidos Podemos Àngela Ballester preguntó por escrito al Ejecutivo por los expedientes en los que España está colaborando con la Oficina Antifraude europea, refiriéndose concretamente a entidades públicas valencianas que pudieran estar siendo investigadas.

En su respuesta, que recoge Europa Press, el Ejecutivo confirma que la Ley General de Subvenciones de 2003, que regula el funcionamiento del Servicio Nacional de Coordinación Antifraude, prevé la colaboración de dicho organismo con la OLAF.

En concreto, su misión es "facilitar la coordinación efectiva y el intercambio de información" con la OLAF, incluyendo datos de carácter operativo, lo que comprende, entre otras cosas, atender cualquier requerimiento de información sobre casos que se hayan denunciado ante la OLAF o que ya se estén investigando; así como remitir 'motu proprio' documentación que la SNCA entienda que puede ser relevante para la oficina europea.

Sin embargo, según el reglamento de la OLAF y para "no perjudicar el buen fin de las investigaciones ni los derechos legítimos de las personas afectadas", los casos abiertos están sujetos al "principio del respeto a la confidencialidad", por lo que el Gobierno no puede aportar ninguna información precisa con respecto a posibles instituciones o ayudas bajo sospecha.