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El Gobierno aprueba el convenio bilateral entre España y China para evitar la doble cotización

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el convenio bilateral en materia de Seguridad Social entre España y China para garantizar la protección social de los trabajadores desplazados y para evitar la doble cotización a la Seguridad social.
Así, se conseguirá reducir los costes sociales que recaen sobre las empresas con trabajadores desplazados de uno u otro país. Además, el convenio establece un plazo inicial de seis años en el que los trabajadores españoles desplazados por su empresa a una delegación en China estarán asegurados por el sistema español.
Durante este periodo, las cotizaciones por prestaciones de jubilación, incapacidad permanente, muerte y supervivencia y desempleo se realizarán al organismo español. Por ello, quedarán exentos de cotizar al seguro básico de vejez para trabajadores por cuenta ajena y al seguro de desempleo de China.
Sin embargo, las cuotas por asistencia sanitaria, incapacidad temporal y por accidente de trabajo y enfermedad profesional se realizarán a la administración china.
Una vez concluido el plazo de seis años, si los trabajadores deben prolongar su estancia laboral en China, se podrá prorrogar por acuerdo de ambas administraciones.
Asimismo, las cotizaciones por los trabajadores chinos desplazados a España se realizarán a la Seguridad Social española por las prestaciones del régimen general durante el mismo periodo de tiempo que en los casos anteriores.
No obstante, las cuotas por pensiones derivadas de contingencias comunes o por accidente laboral y desempleo se realizarán al organismo chino.
La firma del convenio y del acuerdo administrativo tendrá lugar previsiblemente en la reunión en Alemania de los ministros de Empleo del G-20 el próximo 18 y 19 de mayo.
España participa en la iniciativa de cooperación entre la Unión Europea y el Gobierno chino dirigida a promocionar la igualdad y la inclusión social en el desarrollo económico de la sociedad china.
Según el Gobierno, la delegación española ha mantenido una presencia activa en este programa, que supondrá el fortalecimiento de la capacidad institucional para el desarrollo de las políticas de protección social.