El Gobierno castellano-manchego plantea al Ministerio de Fomento modificaciones en el Plan Estatal de Vivienda

El encuentro, al que también asistía el director general de Vivienda y Urbanismo de la Junta de Comunidades, José Antonio Carrillo, se desarrollaba en términos cordiales y ha servido para que el Ejecutivo que preside Emiliano García-Page transmita al Ministerio una serie de inquietudes para tratar de mejorar el Plan Estatal, actualmente a punto de extinguirse, ya que su período de vigencia comprende desde 2013 a 2016, ha informado la Junta en nota de prensa.

La responsable castellano-manchega en el área de Vivienda le sugirió al Ministerio la oportunidad de recoger innovaciones cuyos objetivos esenciales son incentivar la rehabilitación y simplificar los requisitos para la concesión de esta clase de ayudas, ya que son muchas las comunidades de vecinos y particulares que se retraen de reclamarlas por la complicación administrativa que se exige desde el Ministerio.

La intención del Gobierno de España en funciones es prorrogar el actual Plan durante un año en tanto se forma un nuevo Ejecutivo, aspecto éste que podría retrasar la introducción de mejoras en el texto.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha podido comprobar que las propuestas trasladadas son compartidas por los colectivos directamente implicados, ya que muchas de ellas han sido ya objeto de debate durante las reuniones que los responsables de la Consejería están manteniendo en diferentes ámbitos de la sociedad regional como asociaciones, colegios profesionales, sindicatos u organizaciones empresariales y vecinales de cara a las futuras leyes del Suelo y de la Vivienda, que se encuentran ahora mismo en fase de redacción.

Según le expuso Elena de la Cruz a Mario Garcés, el Gobierno regional considera oportuno que en el futuro Plan Estatal se recogiera una línea de rehabilitación que velara específicamente por el mantenimiento de las casas típicas de los pequeños municipios y del entorno rural.

También una flexibilización en las mejoras requeridas para las obras realizadas en materia de ahorro energético, actualmente muy rígidas y que obligan a superar porcentajes muy altos de eficiencia mejorada para tener acceso a ayudas.

El Gobierno de Castilla-La Mancha cree que se debería introducir un sistema de tramos en este sentido, así como una serie de medidas tributarias para descargar la presión fiscal en los procesos de rehabilitación de vivienda, como la aplicación de una IVA superreducido del 4% frente al 10 % de gravamen actual.

La consejera también enfatizaba en otros aspectos como en la necesidad de recuperar las ayudas a la promoción de vivienda protegida para favorecer la adquisición a colectivos especialmente sensibles como las personas con rentas bajas, los jóvenes o personas mayores.

También le comunicó al subsecretario la idoneidad de recuperar líneas como la subsidiación de hipotecas por parte del Estado, suprimidas por el actual Gobierno de España y reivindicadas de un modo constante tanto desde las plataformas de afectados a nivel nacional como desde las asociaciones vecinales de municipios en Castilla-La Mancha.

Al mismo tiempo le comunicó algunas inquietudes profesionales y empresariales que tanto los colegios profesionales como la Federación Regional de Empresas Constructoras de Castilla-La Mancha (FERECO) ha transmitido a la Consejería, como la posibilidad de actualizar la legislación estatal en materia de reservas de suelo para vivienda protegida adecuándolas a la realidad actual del mercado (ahora es de un 50 % con carácter general) o la necesidad de que el Ministerio recupere el modelo de convenios con las entidades financieras con el que favorecer el crédito concedido a particulares para la rehabilitación de viviendas y edificios.

La consejera ha aprovechado la reunión para ofrecerle al subsecretario la total disponibilidad del Gobierno regional a debatir otros temas de la competencia del Ministerio de Fomento, como las grandes infraestructuras.

En este sentido, le trasladó verbalmente la preocupación de los alcaldes de municipios situados al norte de Ciudad Real capital por la seguridad de la carretera N-401, de la que es titular el Estado, tras paralizar el Tribunal Supremo el proyecto conjunto de duplicación de la vía que compartían los ejecutivos nacional y autonómico.