El Gobierno podrá "intervenir" a las comunidades que no cumplan con el déficit

Las sanciones que el Gobierno pondrá en marcha para las comunidades que no cumplan los objetivos de déficit podrían suponer la "intervención" del Estado, que podría encargarse de tutelar los planes de reequilibrio de dichos territorios. Así lo ha adelantado el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), donde el Gobierno ha tratado con las comunidades la Ley de Estabilidad y Sostenibilidad Presupuestaria. Por su parte, el conjunto de los consejeros autonómicos ha manifestado su satisfacción por las medidas y se han comprometido con el objetivo de estabilidad presupuestaria defendido por el Gobierno de Mariano Rajoy.

Montoro ha explicado que las sanciones dependerán de la magnitud y la reiteración de los incumplimientos de las comunidades, aunque se respetarán las competencias autonómicas. "Puede llegarse a una intervención temporal", ha dicho, tras asegurar que la idea es trasladar lo que marca la gobernanza europea, incluso a la hora de cuantificar las sanciones.

El ministro ha asegurado que el Gobierno no dejará que las administraciones tengan problemas de liquidez "muy agudos", para lo que pondrá en marcha diversas medidas, como la implementación de una nueva línea ICO para que las comunidades puedan afrontar pagos pendientes con proveedores.

Esta nueva línea, que se extenderá a las corporaciones locales, está aún pendiente de concreción, ya que tal y como ha dicho el secretario de Estado de Economía, Fernando Jiménez Latorre, primero hay que conocer la cuantía pendiente de pago.

Adelanta 8.000 millones

De la misma forma, el Ejecutivo ampliará a diez años el plazo que tienen las comunidades para devolver al Estado la cantidad correspondiente de la liquidación de los anticipos a cuenta de los años 2008 y 2009 (unos 31.000 millones de euros).

En esta misma línea, el Gobierno adelantará a las comunidades la liquidación del ejercicio de 2010, por la que el Estado tiene que devolver a las comunidades unos 6.000 millones más 2.000 millones que forman parte de fondos que no se anticiparon en su momento. De esta forma, las comunidades recibirán ahora estos 8.000 millones y no en julio, como estaba previsto.

Facilitará la refinanciación de la deuda

Por otro lado, el Gobierno simplificará las autorizaciones de endeudamiento de las comunidades, que antes se hacían en tres plazos y ahora se harán solo dos autorizaciones iguales en importe.

De la misma forma, el Ejecutivo central facilitará la refinanciación de la deuda de las comunidades con una sola autorización en dos tramos, mientras que antes se requerían dos (una en el primer semestre y otra en el segundo).

Estas medidas, que no supondrán un incremento del déficit, mejorarán la liquidez de las comunidades y demuestran, según Montoro, que el Gobierno ha alcanzado con las comunidades un "compromiso de Estado" para reducir con el déficit.

Hacienda vigilará

De hecho, dependerán de este compromiso y del grado de cumplimiento de sus planes de saneamiento a través de un control que liderará el Ministerio de Hacienda.

Montoro ha asegurado que, frente a lo que hacía el anterior Gobierno, el Ejecutivo 'popular' ha decidido asumir la reducción del déficit como una tarea "constitucional" que implica la coordinación de política económica entre todas las administraciones.

Con todo, el titular de la cartera de Hacienda ha resaltado la importancia de la reunión por el compromiso que han adquirido todos los presentes de trabajar por la austeridad y seguir avanzando en todos estos contenidos en reuniones técnicas que se celebrarán las próximas semanas. "Ha ido francamente bien", ha dicho.

Las CCAA, comprometidas con los objetivos

Las Comunidades Autónomas gobernadas por los 'populares' ya se habían comprometido a cumplir con el objetivo de déficit en la reunión que mantuvieron la semana pasada en Génova, y a éstas se han sumado este martes las comunidades gobernadas por otras formaciones políticas, como Cataluña y Andalucía.

La consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía, Carmen Martínez Aguayo, ha reconocido estar "muy satisfecha" con el "máximo consenso" existente en torno a la futura ley de estabilidad presupuestaria, aunque ha recordado que aún "hay que ver la letra pequeña" porque se trata de un asunto "muy importante y muy complejo" que establecerá los criterios de fijación del déficit así como su reparto.

En el mismo sentido, el conseller catalán, Andreu Mas-Collel, ha reconocido que se ha abierto "un camino" para la provisión de liquidez a las comunidades autónomas, que ha calificado de "fructífero", y ha celebrado que da un paso decisivo para el pago de las deudas a los proveedores.

Con respecto a esta cooperación entre el Gobierno central y el autonómico, el conseller espera que "con el tiempo" se pueda "avanzar" y el carácter puntual de la medida tenga un carácter "ordinario".