Gestha pide limitar los pagos en efectivo a 1.000 euros y ve una "contradicción" en las propuestas de Montoro

Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) consideran que entre las propuestas realizadas por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, hay una "contradicción" y piden que se reduzca el límite de los pagos en efectivo a 1.000 euros desde los 2.500 euros actuales y que las facturas que se abonen por encima de esta cantidad, contraviniendo dicha limitación, no se puedan deducir en la declaración del IRPF o en el Impuesto de Sociedades, como se viene haciendo actualmente.

El sindicato realiza estas peticiones tras las medidas anunciadas este miércoles por Montoro en el Congreso de los Diputados, con el objetivo de impulsar la lucha contra el fraude fiscal, y recuerdan que ya solicitaron al Ministerio de Hacienda en 2004 que se realizara el control del efectivo y en 2012 pidieron que la limitación se fijara en 1.000 euros.

En este sentido, reconocen que la limitación de efectivo no es decisiva para eliminar el fraude cuando las dos partes que intervienen en una operación acuerdan sumergirla, especialmente cuando una de ellas es un consumidor final, aunque sí dificulta el fraude sobre todo en operaciones entre empresas.

Por otro lado, señalan que la medida relativa al endurecimiento de los requisitos para conseguir aplazamientos o fraccionamientos no es una medida de lucha contra el fraude, sino "una manera de reducir el déficit por el simple efecto contable de anticipar cobros, aunque se restrinja un derecho de los contribuyentes".

CRITICA LA "CONTRADICCIÓN" DE MONTORO

De hecho, para el colectivo esta es "una nueva muestra de los vaivenes que viene siguiendo en los últimos años la política fiscal en España", después de que en 2015 el Gobierno aprobase un aumento de la cuantía de los aplazamientos que no requieren ningún tipo de aval o garantía de los 18.000 euros hasta los 30.000 euros. Por lo tanto, "el endurecimiento de los requisitos anunciado hoy por Montoro supone una nueva contradicción".

Respecto a los controles de IVA propuestos por el ministro, Gestha señala que la recaudación por IVA es un "problema histórico denunciado repetidamente", aunque precisa que no hay que poner todo el foco de atención en los profesionales que trabajan total o parcialmente en negro para el consumidor, sino que "habría que fijarse especialmente en las operaciones sumergidas realizadas entre las empresas", como en las promotoras, mayoristas, empresas industriales o de servicios que han protagonizado casos muy destacados de evasión.

En este sentido, recuerda que España está en la cola de la UE en cuanto a recaudación por este tributo, siendo el tercer país que menos recauda, con un 6,2% sobre el PIB, cuando, por ejemplo, en Portugal supone el 8,8% del PIB.

VE NECESARIOS 26.718 NUEVOS FUNCIONARIOS PARA COMBATIR EL FRAUDE

Por otra parte, opina que un plan de lucha contra el fraude "realista y eficaz" no puede estar basado en una serie de medidas "circunstanciales" ni olvidar la organización y los medios necesarios para ejecutarlo.

Entre los puntos que ve imprescindibles, los técnicos destacan la reorganización del Ministerio de Hacienda y de la Intervención del Estado y la Agencia Tributaria (AEAT), el aumento de las responsabilidades de la plantilla con exigencia de su cumplimiento, así como la dotación de más medios a la AEAT.

En la actualidad, la Agencia Tributaria solo tiene un empleado por cada 1.928 contribuyentes, frente a países como Francia, donde hay uno para menos de la mitad de ciudadanos (860), apunta Gestha.

El sindicato calcula que España necesita a medio plazo 26.718 nuevos funcionarios para combatir el fraude con plenas garantías, ya que actualmente el 80% de los efectivos de la AEAT se dedican a investigar a autónomos, pymes y trabajadores, lo que deja "muy poco margen" de actuación para luchar contra el gran fraude.

También ve necesarias estas mejoras en el área del control del Ministerio de Hacienda, para controlar más "eficaz y eficientemente" el gasto público y las subvenciones. Además, pide que haya una mayor coordinación y colaboración entre las administraciones tributarias autonómicas y la estatal, y que se cree una base de datos única accesible para los efectivos de todas estas administraciones.