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Fomento someterá las concesiones al 'visto bueno' de Hacienda para evitar nuevos 'rescates'

Es una de las medidas que promoverá para 'blindar' al Estado ante futuras quiebras como las de las autopistas
El Ministerio de Fomento promoverá cambios en la legislación para "proteger al Estado" ante eventuales nuevas quiebras de concesiones de infraestructuras públicas como la que actualmente afrontan un grupo de autopistas, según anunció el titular del Departamento, Íñigo de la Serna.
Así, en un primer término, todas las futuras obras de infraestructuras que se adjudiquen a través de un contrato de concesión tendrán que tener previamente el 'visto bueno' de la Oficina de Evaluación del Ministerio de Hacienda con el fin de garantizar que tengan "una viabilidad lo más ajustada posible".
"Las someteremos al análisis de esta la nueva oficina, que será la que analice la conveniencia o no de licitarlas", explicó De la Serna durante la sesión de control al Gobierno del Congreso.
Fomento también prevé cambios en la Ley de Contratos para que la Administración pueda actuar presentando "recursos de lesividad" en el caso de los costes de expropiación de terrenos para construir una infraestructura "se multipliquen sin causa razonable".
Además, De la Serna avanzó modificaciones también en el sistema concesional para cambiar el actual reparto de riesgos entre la compañía adjudicataria y el Estado, de forma que dichos riesgos sean mayores para la empresa privada.
"Adoptaremos estas medidas para proteger al Estado ante este tipo de situaciones en el futuro", aseguró el ministro de Fomento.
MINIMIZAR EL IMPACTO ACTUAL.
En cuanto a la situación actual, y en cuanto a la quiebra de ocho autopistas de peaje, De la Serna reiteró que trabaja para "minimizar" el impacto del 'rescate' de estas vías "para el conjunto de la sociedad" y garantizar que sigan en servicio.
El ministro ya avanzó el lunes, también en el Congreso, que el coste de la responsabilidad patrimonial de la Administración (RPA) ante las empresas concesionarias de estas autopistas, esto es, el importe que debe abonarles por la inversión que realizaron en su construcción, tardará aún en determinarse y, con toda probabilidad, será objeto de un proceso judicial.
Según detalló entonces, la RPA sólo empieza a calcularse cuando las autopistas, actualmente en concurso de acreedores, se vean abocadas a la liquidación, el juez apruebe ese plan de liquidación y se rescinda el contrato de concesión. Un proceso que lleva al menos seis meses solo en cuanto a la rescisión del contrato se refiere.
En la actualidad, ya están en situación de liquidación tres vías. La R-3 y la R-5, que el Ministerio ya ha convenido asumir antes de julio de 2017, y la AP-36 Ocaña-La Roda.
"NI UN SÓLO EURO", FRENTE A "CRÉDITOS MILLONARIOS".
Por el momento, en su intervención este miércoles en el pleno del Congreso, el ministro defendió que el Gobierno del PP no ha dedicado "ni un sólo euro" a estas vías.
De la Serna contrapuso las medidas adoptadas por los gobiernos populares con las aprobadas por el último Ejecutivo socialista que, según remarcó, concedió a las autopistas créditos participativos por 483 millones de euros y les habilitó cuentas de compensación por 80 millones, además de aprobarles aumentos del precio de peaje de hasta el 18% y ampliaciones del plazo de concesión.
En cuanto a las causas de la situación de quiebra de las autopistas, el ministro apuntó que en el momento en que se proyectaron y adjudicaron era "francamente difícil de prever" que el tráfico de las autopistas fuera a caer el porcentaje del 35% que descendió durante la crisis.