La plataforma de afectados de Félix Revuelta considera "insuficiente" la compensación de Santander

Rafael Moreno, el abogado que dirige la estrategia legal de la plataforma, que agrupa a cerca de 12.000 accionistas, ha explicado a Europa Press que la compensación es "insuficiente", ya que cuenta con muchas limitaciones y afecta a "muy pocos" perjudicados.

En este sentido, recuerda que la reexpresión de las cuentas anuales de Popular, efectuada el pasado abril, demuestra que la contabilidad estaba "un poco manipulada", por lo que considera que un accionista que compraró títulos de la entidad en 2015 está en la misma situación que otro que lo hizo en el periodo que comprende la oferta de Santander.

Moreno, que pertenece al despacho Moreno Olivares, indica, además, que los accionistas susceptibles de ser compensador por Santander quedan "en manos de la entidad" durante siete años, el plazo para el que se puedan convertir en efectivo los bonos ofrecidos por el banco.

En esta línea incide el portavoz de la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec), Alberto Ruiz, socio del bufete Cremades & Calvo Sotelo, quien cree que la oferta "quizá sea buena" para los accionistas que no necesiten liquidez.

En cualquier caso, Ruiz considera cualquier ofrecimiento como bienvenido y afirma que la disposición de Santander de llegar a un acuerdo es una posición "sensata e inteligente" por parte del banco que preside Ana Botín.

Por su parte, la presidenta de la asociación de consumidores financieros (Asufin), Patricia Suárez, se muestra favorable a encontrar una solución negociada para los afectados, aunque ha solicitado cautela ante la "complejidad" de los bonos de fidelización que ofrece Santander.

"No queremos colapsar los tribunales, pero lo que se ofrece a los consumidores a cambio de sus acciones es un producto complejo", advierte.

En última instancia, el socio del despacho Cremades y Asociados Bernardo Cremades ha explicado a Europa Press que recomendará a los minoritarios continuar con el recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) independientemente de que acepten o no la propuesta de Santander.