El FMI pide un mejor uso de la política fiscal para reducir la desigualdad y abre el debate de la renta básica

Así se desprende del informe 'Monitor Fiscal' realizado por la institución financiera y publicado este miércoles, donde se apunta a que la desigualdad ha aumentado en más de la mitad de los países durante las últimas tres décadas, fundamentalmente entre los ciudadanos de las economías avanzadas, un problema que pide compensar a través de la política fiscal y sus mecanismos de redistribución.

No obstante, el impacto de la política fiscal sobre la redistribución de la renta y la riqueza tiene un alcance diferente si se habla de economías avanzadas o de economías en desarrollo o de bajos ingresos.

De este modo, en las economías avanzadas, la política fiscal logra compensar hasta un tercio de la desigualdad de los ingresos del mercado, de los que el 75% proviene de las transferencias. Las transferencias en especie, como la educación y la salud, también afectan en este sentido, cambiando la distribución del capital humano, incluso entre generaciones, y promoviendo la movilidad social.

En las economías en desarrollo, no obstante, la redistribución de la renta y la riqueza a través de las políticas fiscales tiene unos efectos más "débiles", dado que el nivel de ingresos del Estado a través de los impuestos es reducido, son además menos progresivos y, por ende, el gasto es menor.

MÁS PROGRESIVIDAD IMPOSITIVA, RENTA BÁSICA Y GASTO PÚBLICO

El FMI señala que los resultados empíricos sugieren que es posible aumentar el grado de progresividad tributaria mientras se preserve el crecimiento, al menos para escenarios en los que los niveles de progresividad no sean excesivos. En el caso de los países en desarrollo, la capacidad tributaria es un factor "crítico" para poder aumentar el papel distributivo de la política fiscal al tiempo que se asegura la sostenibilidad fiscal.

La progresividad del impuesto sobre la renta, por ejemplo, descendió fuertemente entre 1980 y 1990, y desde entonces ha permanecido prácticamente estable. Asimismo, los sistemas tributarios son menos progresivos de lo que los datos muestran debido a que los ricos tienen un mayor acceso al alivio tributario.

Al mismo tiempo, el organismo internacional plantea en su informe la posibilidad de implementación de una renta básica universal (RBU), entendida como una transferencia en efectivo de una cantidad igual para todos los individuos de un país.

Según explica, esta idea no para de cobrar impulso debido al posible impacto de la inteligencia artificial y de la automatización sobre los puestos de trabajo en el futuro. Así, señala que se debe evaluar la conveniencia de una RBU, ya que debido a su universalidad tiene un impacto significativo en la desigualdad y la pobreza, aunque también es fiscalmente costoso.

La adopción de una RBU, aunque no puede desprenderse de una discusión en torno a su financiamiento, podría ser una opción de reemplazo para un gasto social ineficiente e inequitativo. No obstante, una RBU no sería aconsejable en un contexto de baja capacidad tributaria o si tuviera que competir con recursos de alta prioridad como la salud y la educación.

En este sentido, el FMI pide apoyar la inversión en educación y salud, partidas que son capaces de reducir la desigualdad de los ingresos en el medio plazo, abordar la pobreza persistente a través de generaciones, mejorar la movilidad social y, en última instancia, promover el crecimiento sostenible e inclusivo.

A pesar del progreso logrado en los últimos años al respecto, en muchos países, incluso en economías avanzadas, las brechas al acceso a la educación y los servicios de salud de calidad entre los diferentes grupos de ingresos de la población son todavía amplias.