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EuropeG cree que la rapidez al resolver la crisis de Popular demuestra que la unión bancaria puede funcionar

La rapidez con la que la Junta Única de Resolución ha resuelto la crisis del Banco Popular demuestra que la Unión Bancaria "puede funcionar", según EuropeG.
El 'think tank' que dirige el catedrático Antoni Castells considera que la resolución de Popular pone asimismo de manifiesto que a España no se le pueden atribuir dudas en la aplicación de los mecanismos de 'bail-in' (pérdidas para inversores antes que para depositantes o contribuyentes).
Estos mecanismos se impusieron como parte del programa de asistencia financiera en 2012 -cuando aún no eran parte de la regulación europea- y se han aplicado ahora en el marco de la nueva resolución bancaria única, recuerda el 'policy brief' número 11 publicado por EuropeG y elaborado por el economista Santiago Carbó.
No obstante, señala que las propias autoridades europeas han detectado algunas "lagunas y flaquezas" y han emprendido una reforma de la Directiva de Resolución y Recuperación, sobre todo para eliminar rigideces que dificultan los flujos de crédito y una adecuada evaluación de riesgos en función del tipo de prestatario y su tamaño.
ITALIA, UN EJEMPLO DE INCUMPLIMIENTO
"En todo caso, se evidencian también problemas de aplicación práctica de la supervisión y resolución única, en la que las decisiones adoptadas por Italia para comenzar a abordar su crisis bancaria han sido un ejemplo de incumplimiento. Bajo el paraguas de una operación financiera compleja, se ha convertido un 'bail-in' aparente en un 'bail-out' final, y será el contribuyente italiano quien finalmente asuma los costes del rescate, al menos hasta la fecha", afirma el Policy Brief.
El documento asume que tampoco ayuda al engranaje de la unión bancaria la concurrencia de un entorno monetario y financiero "complejo y ciertamente convulso". "Los mercados no han apreciado la suficiente transparencia en torno a los balances bancarios, y la arquitectura de la unión sigue sin ofrecer respuestas contundentes a corto y a medio plazo para mejorar esa imagen y aportar estabilidad", explica.
EL FGD EUROPEO, PENDIENTE
"Tampoco resulta sencillo poner en práctica la unión bancaria cuando uno de los ingredientes fundamentales de su red de seguridad, el esquema común de protección de depósitos, aún está pendiente", advierte el documento redactado por Carbó.
Por ello, estima que los problemas de ejecución y coordinación -y lo inoportuno pero inevitable de la crisis bancaria italiana- "pusieron en cuestión el funcionamiento de la unión en la práctica".
Otro de los ejemplos palmarios, apunta el 'policy brief', es el tratamiento desigual de episodios de crisis bancaria en casos como el español frente al italiano.
"Finalmente, también resulta una dificultad añadida el propio cambio estructural del sector, con menos operadores bancarios y más competidores del entorno fintech", indica el documento.
LOS TEST DE ESTRÉS, CUESTIONADOS
Uno de los paradigmas de los problemas de transparencia es el diseño y ejecución de las pruebas de esfuerzo bancarias. "Los ejercicios de estrés europeos se han puesto en tela de juicio", advierte EuropeG.
En Europa hay desigualdades importantes en la tasa de morosidad del crédito, que en países como Italia o Grecia supera el 20% y el 30%, respectivamente. En la eurozona hay un billón de euros de activos deteriorados. El 60% de la morosidad es, además, de crédito empresarial.
La necesidad de transparencia y limpieza en los balances hizo que, a comienzos de 2017, se llegara incluso a considerar la creación de una sociedad de activos deteriorados bancarios europea.
Hay una expectativa generalizada de potencial para fusiones y adquisiciones en el sector bancario europeo, pero la forma en que se están resolviendo problemas como los encontrados en Italia o Portugal respecto a la calidad de los activos sugiere que aún existe una "cierta resistencia nacional" a las operaciones corporativas transfronterizas.
Este tipo de operaciones está también condicionado de forma considerable por el entorno de mercado y la necesidad de aumentar la transparencia respecto a la calidad de los activos en otros sectores bancarios europeos, no solo en casos como el italiano.