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España firma el convenio multilateral de la OCDE contra la erosión de bases imponibles y la doble imposición

El secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, ha firmado este miércoles el convenio multilateral que permite implementar las medidas resultantes del proyecto BEPS de la OCDE y el G20 que afectan a los convenios bilaterales para evitar la doble imposición (CDI).
La ceremonia de la firma, celebrada en París con ocasión de la reunión a nivel ministerial del Consejo de la OCDE, pone punto y final a un proceso de negociaciones que se iniciaron en septiembre de 2015, con la creación de un grupo de trabajo en el que han participado 98 países y en el que España ha estado representada por la Dirección General de Tributos.
El proyecto BEPS, de lucha contra la erosión de bases imponibles y el traslado de beneficios (BEPS, por sus siglas en inglés) se ha desarrollado durante más de dos años y comprende un paquete de medidas para abordar el fenómeno de planificación fiscal agresiva internacional.
Para su implementación, algunas de estas medidas requieren una modificación de las normativas internas de cada Estado, como limitación de gastos financieros o el informe país por país, mientras que otras requieren la modificación de los CDI, como la adopción de cláusulas anti-abuso o la modificación de la definición de establecimiento permanente.
En el mundo hay más de 3.500 CDI vigentes, 93 en el caso de España, por lo que para incorporar el segundo grupo de medidas se ha proyectado este convenio multilateral que, según ha explicado Fernández de Moya en declaraciones facilitadas a Europa Press, "actualiza la red mundial de convenios de doble imposición de manera sincronizada y eficiente, sin invertir recursos en la renegociación bilateral de cada uno de ellos". De esta manera, se configura como un instrumento "flexible" que permite su adaptación a las necesidades de cada país.
ENTRADA EN VIGOR
A partir de la firma, cada Estado deberá llevar a cabo los procedimientos internos necesarios para su entrada en vigor y, a partir del momento en el que al menos cinco estados hayan finalizado sus procesos internos, el convenio multilateral entrará en vigor.
En el caso de España, deberán ser ratificadas tanto su firma como su remisión a las Cortes Generales por el Consejo de Ministros, ya que la firma se ha realizado "ad referéndum".
Epaña ha incluido en el convenio multilateral la mayor parte de los CDI, a excepción de aquellos que en la actualidad se encuentran en un proceso de renegociación.
En cuanto a las cláusulas, se han adoptado la mayoría de ellas, por lo que el convenio podría modificar de manera automática, con su entrada en vigor, algunos de los 93 CDI negociados y firmados en los últimos 40 años por España con otros Estados.
Para conseguir una mayor claridad y seguridad jurídica, se ha previsto la preparación de textos consolidados de los convenios que, si bien no contarán con valor jurídico, sí permitirán facilitar su aplicación.
"La valoración que hacemos de la puesta en marcha de este convenio es extremadamente positiva", ha asegurado el secretario de Estado. "Lo que nos toca ahora es trabajar en su desarrollo y ejecución, es un trabajo de presente y futuro que sobre el que España quiere manifestar expresamente su satisfacción por formar parte de este convenio", ha añadido.