Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, analizar y personalizar tu navegación, mostrar publicidad y facilitarte publicidad relacionada con tus preferencias. Si sigues navegando por nuestra web, consideramos que aceptas su uso. Puedes cambiar la configuración u obtener más información aquí.

España deberá dedicar 1.082 millones de los fondos europeos en 2017 al Plan de Garantía Juvenil

España deberá haber declarado a la Comisión Europa un gasto por un total de 1.082 millones de euros en diciembre de 2017 al Plan de Garantía Juvenil del total de 3.260,6 millones de euros que recibirá de Bruselas para la dotación del programa operativo de empleo juvenil hasta 2023.
Así figura en la memoria del decreto ley de medidas urgentes para el impulso del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que se muestra que España deberá haber declarado a la comisión Europa un gasto por un total de 1.082 millones de la dotación del plan en diciembre de 2017, y el importe restante de 849 millones en diciembre de 2018.
Si no se alcanzasen esos importes, la diferencia será reducida de la asignación inicial. La Comisión Europea ya ha destinado a España un total de 2.360 millones para el cumplimiento de la recomendación de la Garantía Juvenil a través del Programa Operativo de Empleo Juvenil en España hasta 2023.
UN TOTAL DE 3.260 MILLONES
Además, está previsto que se realice una asignación adicional, pendiente de su aprobación por el Parlamento Europeo, de 900 millones de euros, que incrementará la dotación del programa operativo hasta 3.260,6 millones de euros, montante del que deberá realizar el gasto de 1.082 millones y 849 millones en 2017 y 2018, respectivamente.
Por ello, la norma aprobada por el Gobierno busca facilitar el incremento de potenciales beneficiarios eliminando trabajas y requisitos a la inscripción, ya que actualmente hay algo más de 400.000 jóvenes inscritos en el sistema nacional de Garantía Juvenil frente al más de un millón de potenciales beneficiarios.
También busca poner en marcha más medidas que permitan absorber más gasto de los fondos adjudicados a España, con lo que prevé un aumento "importante" del número de inscritos que permita acercar el actual al número de potenciales beneficiarios.
Además, se garantiza la posibilidad de certificar fondos que alternativamente no serían certificables con cargo a los casi 1.900 millones de euros que a día de hoy se deberán certificar el 31 de diciembre de 2018.
INCENTIVOS AL AUTOEMPLEO Y CONTRATACIÓN POR FORMACIÓN
Así, a través del decreto ley se podrían llegar a certificar 231 millones de euros de gasto solo en el caso del SEPE en 2017 en concepto de bonificaciones, que alternativamente no podrían ser cofinanciados por no encontrarse inscrito el joven cuando se le atendió, llegando así a obtenerse por ello unos ingresos del 93% de esa cuantía, unos 214 millones.
A su vez, se podrían financiar anualmente con cargo a fondos comunitarios, dependiendo del límite máximo que finalmente se fije en función de los nuevos fondos disponible, incentivos al autoempleo y a la contratación por formación y aprendizaje en torno a 256 millones que, de no aprobarse la norma y configurarse como reducciones, computarían en déficit como menor ingreso a la Seguridad Social.
LAS NOVEDADES DE LA NORMA
La norma introduce modificaciones para el acceso y la inscripción de jóvenes al Sistema Nacional de Garantía Juvenil, respetando en todo caso los requerimientos derivados de la normativa comunitaria. Así, bastará con no haber recibido formación ni haber estado trabajando el día anterior a la solicitud de inscripción para cumplir los requisitos en lugar de los tres meses sin haber recibido formación o los treinta días sin empleo que se exigen con la regulación actual.
Se permite que todas las entidades participantes en el sistema puedan establecer procedimientos específicos, de conformidad con el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, para la inscripción de los jóvenes en el fichero único del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
Asimismo, se posibilita que todos los jóvenes inscritos como demandantes de empleo en los servicios públicos de empleo (tanto el estatal como, principalmente, los autonómicos), que cumplan con los requisitos de la Garantía Juvenil sean inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, incluso con efectos retroactivos, en el caso de que hubieran participado o estén participando en alguna de las actuaciones previstas por el Sistema.
De igual forma, e prevé la participación de interlocutores sociales en el procedimiento de inscripción de los jóvenes y en la Comisión Delegada de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
REDUCIR EL PARO JUVENIL
En febrero de 2013, el Consejo Europeo decidió poner en marcha la Iniciativa de Empleo Juvenil, en el marco financiero plurianual para el periodo 2014-2020, con una dotación de seis mil millones de euros, para apoyar las medidas establecidas en el paquete de empleo juvenil, propuesto por la Comisión Europea el 5 de diciembre de 2012 y, en particular, la Garantía Juvenil.
En abril de 2013, el Consejo de Ministros de Empleo, Asuntos Sociales y Consumo de la Unión Europea acordó el establecimiento de una Garantía Juvenil, con lo que se reconoce la situación particularmente difícil de los jóvenes europeos.
España fue de los primeros Estados miembros en acogerse a esta iniciativa, para lo cual aprobó en diciembre de 2013 el Plan Nacional de Implantación de la Garantía Juvenil en España, en coherencia con la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2013-2016, y de acuerdo con el marco normativo de los Fondos Estructurales y de Inversión de la Unión Europea, 2014-2020.
El Gobierno destaca que con las medidas puestas en marcha a través del Plan de Garantía Juvenil y el "esfuerzo" de la sociedad se ha reducido en 15 puntos la tasa de paro juvenil en los últimos tres años, uno de cada tres jóvenes que abandona el desempleo en la zona euro lo hace en España, y la contratación indefinida de jóvenes se incrementa un 30% con respecto a 2011.
No obstante, el desempleo juvenil español continúa siendo de los más altos de Europa, el 46,5% de jóvenes entre 16 y 24 años, por lo que su reducción sigue siendo uno de los principales "retos" a afrontar.