Empleo evalúa el lunes con agentes sociales la sentencia del TC sobre el Plan Prepara y negociará su prórroga

El Ministerio de Empleo y Seguridad Social ha convocado para el próximo lunes, 14 de agosto, a los interlocutores sociales para evaluar el impacto de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Plan Prepara e iniciar los trabajos para revisar el sistema de protección para los desempleados de larga duración, con objeto de simplificar los programas complementarios existentes (PAE, Prepara y RAI).

El secretario de Estado de Empleo, Juan Pablo Riesgo, ha convocado el próximo lunes 14 a las 11.00 horas a los representantes de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas (CC.OO., UGT, CEOE y Cepyme) a una reunión de la Mesa de Diálogo Social del Plan de Choque para el Empleo, para evaluar el impacto de la reciente sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Plan Prepara por la que se declara la inconstitucionalidad y nulidad del artívulo 1 y de la disposición adicional segunda Del Real Decreto-ley 1/2013, de 25 de enero.

El Tribunal Constitucional considera que dichos apartados, al centralizar en el Servicio Público de Empleo Estatal la gestión de la ayuda económica a desempleados que han agotado el paro, contravienen el orden constitucional de distribución de competencias en materia de empleo.

El programa de recualificación profesional de las personas que agoten su prestación por desempleo (Plan Prepara) se creó en febrero de 2011 como una medida coyuntural para luchar contra el desempleo a través de acciones de políticas activas de empleo y de la percepción de una ayuda económica de acompañamiento.

El Plan Prepara, de seis meses de duración, ha sido prorrogado en varias ocasiones, una de ellas mediante Real Decreto-ley 1/2013, de 25 de enero por el que se prorroga dicho plan y se adoptan otras medidas urgentes para el empleo y la protección social de las personas desempleadas.

En esa ocasión, y dada las crisis económica que atravesaba España, se determinó su prórroga automática hasta que la tasa de desempleo en se situara por debajo del 20% según la Encuesta de Población Activa. Dicho umbral fue reducido hasta el 18% mediante la aprobación del real decreto-ley de abril de 2016 por el que se prorroga el Programa de Activación para el Empleo.

LA CONTINUIDAD DEL PROGRAMA EXIGE UNA NORMA CON RANGO DE LEY

Empleo explica que el pasado 27 de julio se publicó la Encuesta de Población Activa correspondiente al segundo trimestre de 2017, que sitúa la tasa de desempleo en el 17,22%, por lo que expira la mencionada prórroga automática y, por tanto, la continuidad del Programa exigiría una disposición normativa con rango de ley expresa.

El ministerio trasladó hace semanas a las organizaciones sindicales y empresariales más representativas (UGT, CC.OO., CEOE y Cepyme) una propuesta de acuerdo, con distintas medidas para fomentar la creación de empleo, en el marco de la mesa de diálogo social del Plan de Choque por el Empleo.

Entre estas medidas se incluían diversas destinadas a impulsar el empleo juvenil, así como la prórroga Plan Prepara. "El acuerdo continúa negociándose a día de hoy, pese a que su contenido, en lo referido al Plan Prepara, se ha visto afectado de manera sobrevenida a consecuencia de la citada sentencia", señala.

REFUERZO DE LOS PROGRAMAS DE PROTECCIÓN

Entre las propuestas planteadas por el Gobierno se encuentra también el refuerzo de los programas de orientación, formación, recualificación, intermediación y protección de desempleados de larga duración y mayores de 50 años.

Como consecuencia, Empleo ha convocado a interlocutores sociales para evaluar el impacto de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Plan Prepara, y, a la vista de ello, iniciar de manera urgente los trabajos para revisar, en el marco del diálogo social y con las comunidades autónomas, el actual del sistema de protección para los desempleados de larga duración.

Según el departamento de Fátima Báñez, el objetivo es simplificar los programas complementarios existentes (PAE, Prepara y RAI), de forma que se garantice una protección "eficaz" al desempleado a la vez que se eliminan duplicidades y posibles lagunas de desprotección, y se refuercen los mecanismos de activación para su efectiva inserción en el mercado de trabajo, respetando en todo momento el marco competencias existente.