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La Defensora del Pueblo Europeo abre una investigación sobre los vínculos de Draghi con el mundo financiero

La Defensora del Pueblo Europeo, Emily O'Reilly, ha abierto una investigación sobre la pertenencia del presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, al Grupo de los Treinta o G-30, un club privado formado por representantes de bancos centrales, personalidades del mundo de las finanzas y académicos En una carta dirigida al propio Draghi, O'Reilly explica que ha recibido una queja formal contra el BCE por parte de Corporate Europe Observatory y ha decidido abrir una investigación al respecto. La denuncia incluye la pertenencia del presidente del BCE al G-30 y la implicación de otros oficiales del banco central en el trabajo de este grupo.
La Defensora del Pueblo Europeo, Emily O'Reilly, ha abierto una investigación sobre la pertenencia del presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, al Grupo de los Treinta o G-30, un club privado formado por representantes de bancos centrales, personalidades del mundo de las finanzas y académicos
En una carta dirigida al propio Draghi, O'Reilly explica que ha recibido una queja formal contra el BCE por parte de Corporate Europe Observatory y ha decidido abrir una investigación al respecto. La denuncia incluye la pertenencia del presidente del BCE al G-30 y la implicación de otros oficiales del banco central en el trabajo de este grupo.
La Defensora del Pueblo recuerda en la misiva que en 2012 la institución ya inició una investigación por el mismo motivo, que concluyó que la presidencia del BCE era compatible con la pertenencia al G-30, pero recomendó, en aras de la transparencia, informar de ello en la página web del banco central.
En el nuevo caso, la queja argumenta que el contexto en el que opera actualmente el BCE es "bastante diferente" al de 2012 y que, por tanto, es apropiado considerar de nuevo todas las cuestiones que relacionan a la institución presidida por Draghi y al G-30.
"En este momento inicial de mi investigación, reconozco la necesidad de reflejar este nuevo contexto. No obstante, no he tomado posición en relación a cualquiera de estas cuestiones salvo considerar que justifican una investigación adicional", argumenta O'Reilly.
De esta forma, la Defensora del Pueblo Europeo ha pedido al BCE que facilite una inspección de todos los documentos "que puedan ayudar a comprender la medida y el abanico de toda la participación en el G-30". "También propongo usar la oportunidad de la inspección para discutir algunos asuntos específicos de la queja con representantes relevantes del BCE", añade.
Una vez tenga lugar esta inspección, O'Reilly ha apuntado que es "probable que pida al BCE una respuesta escrita a la denuncia de Corporate Europe Observatory.