Cortina (Ombuds) cree que crisis como la de El Prat se resuelven por convenio colectivo y no de empresa

En declaraciones a Europa Press, ha señalado que, aunque no quiere valorar la situación concreta de El Prat, los convenios colectivos aceptados "deben ser respetados y no pueden, en modo alguno, ser sustituidos por decisiones unilaterales de nadie y menos por presiones o actuaciones coactivas de cualquier naturaleza".

De esta manera, Cortina recalca la necesidad de alcanzar acuerdos sostenibles con los trabajadores en estrecha colaboración con el Ministerio del Interior para afianzar el futuro del sector. "En Ombuds Seguridad estamos absolutamente en contra de los descuelgues y de los convenios de empresa. El convenio colectivo sectorial es, y debe seguir siendo, el referente laboral único para todo el sector, y el marco competitivo de obligado cumplimiento para todos", ha remarcado.

Para que el convenio colectivo se convierta en el marco común de las relaciones laborales y de competencia empresarial en el sector, Cortina apunta que la solución vendría a través de la concertación social.

En este sentido, considera "un paso fundamental para el saneamiento del sector" la anunciada intención del Gobierno de incluir en los pliegos de todas las contratas públicas la obligación de los adjudicatarios de acogerse íntegramente al convenio colectivo sectorial. En su opinión, esto permitirá que las empresas "vuelvan a la senda de los beneficios" y que los trabajadores "no sufran las consecuencias de actuaciones empresariales temerarias, negligentes, ilegales e inmorales", ha explicado a Europa Press.

"Llevamos años viviendo las consecuencias negativas de los descuelgues y de los convenios de empresa, en perjuicio siempre del convenio sectorial, y no hemos hecho casi nada. Los sindicatos, al menos, han impugnado con éxito la existencia de tales convenios, fraudulentos la mayoría de ellos", apunta.

Ante este panorama, propone, por ejemplo, pactar un convenio en el que la subrogación del personal se establezca solo para las empresas que acepten el convenio en su totalidad, mejorar sustancialmente las bases de cotización de los trabajadores por contingencias comunes o reducir el absentismo profesional y el fraude derivado de él.

RENTABILIDAD, PERO SIN PRECARIEDAD

En líneas generales, el consejero delegado de Ombuds Seguridad considera que la inestabilidad en el sector de la seguridad privada se debe a una "espiral de reducción de precios y márgenes" en los últimos años, consecuencia del libre mercado y cuyo beneficiario final "es el consumidor".

"Todas las empresas conocemos nuestros costes y somos libres de ofertar los precios que creamos convenientes, aunque dichos precios ofertados no deben tener consecuencias negativas ni para los trabajadores ni para la viabilidad de la empresa", ha explicado.

La protesta de los trabajadores de Eulen tiene su origen en la falta de personal que perciben en el área de control de seguridad de El Prat y en la "precariedad" de los nuevos contratos, que no alcanzan los 900 euros mensuales, por lo que piden una mejora salarial del 30%.

Sobre si los vigilantes de seguridad están mal pagados, Cortina ha reconocido que son 'mileuristas', pero "como lo es quizá el 70% de la población activa española". Con esta declaración, Cortina asegura que no aboga por los bajos sueldos, sino por "evitar caer en tópicos simplistas".

Según sus datos, Ombuds es la tercera empresa de seguridad en España, con un equipo de 12.000 vigilantes. La compañía prevé facturar 300 millones de euros en 2017 y registrar un beneficio bruto de explotación (Ebitda) de 17 millones de euros, un 20% más que en el ejercicio anterior.