El Consejo Fiscal cuestiona el proyecto de publicitar condenas de defraudadores

El informe del Ministerio Público es más crítico con la reforma que el dictamen realizado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que avaló el anteproyecto en términos generales como "un elemento preventivo y educativo". Ambos dictámenes son preceptivos, pero no vinculantes.

Además de cuestionar la relevancia de las condenas, la Fiscalía se pregunta "por qué puede existir este supuesto interés público o necesidad de publicar los datos personales de las personas condenadas por los delitos a los que se refiere el anteproyecto y no a otros". Propone además que la reforma se realice en el Código Penal y no en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), tal y como propone el anteproyecto.

Mejor publicar otras condenas

Lo que a la Fiscalía le parece más "trascendente" en que se acuerde la medida de publicación de las sentencias para unos pocos delitos y no para otros respecto de los cuales si pudieran concurrir los requisitos de interés público y necesidad, y que están asociados a la mayor respuesta punitiva, como pueden ser los delitos contra la vida, la integridad física, la libertad sexual o contra la Administración Pública.

Considera por ello que podría considerarse la posibilidad de regular la forma de acceso público al contenido de las sentencias penales, "pero valorando la gravedad de los hechos delictivos" a los que se refieren estos documentos.

En cuanto a la sugerencia de que la reforma ser realice en el Código Penal y no en la LOPJ, el informe abunda en que la reflexión sobre las sentencias que deben ser objeto de publicación o conocimiento público debe ser "global" y no sólo referirse a los defraudadores.

El informe insiste a lo largo de 18 páginas en que el caso concreto de las sentencias cuya publicación se pretende por el Ministerio de Hacienda "debería reflexionarse sobre si las finalidades pretendidas pueden conseguirse de otra forma".

Alternativas

Propone como alternativas la notificación de tales sentencias a las administraciones implicadas o exigiendo a aquel que pretende que se le adjudique un concurso o una subvención "que acredite en el expediente administrativo que carece de antecedentes penales por este delito".

No obstante, el Ministerio público admite que, en términos generales, la reforma, que contribuye a la consecución de los intereses generales, debe prevalecer "sobre los individuales a la intimidad y protección de datos". Advierte, eso sí, que se haga "con una adecuada proporcionalidad y garantías".

El dictamen aprobado por el Consejo Fiscal destaca además que teniendo en cuenta que las condenas impuestas por estos delitos tienen consecuencia en asuntos como contrataciones o ayudas públicas, hay que valorar que "con la publicidad de esas sentencias se pretende además garantizar la plena efectividad de tales consecuencias en lo que podríamos llamar un reforzamiento de la finalidad de prevención especial de la pena".