El Consejo de Ministros aprueba mañana la prórroga para la moratoria de desahucios

La primera prórroga fue aprobada por el Ejecutivo en febrero de 2015, cuando acordó extender también en dos años, hasta 2017, la suspensión de lanzamientos que vencía en mayo de ese mismo año, una medida que incluyó en el Real Decreto Ley de Mecanismos de segunda oportunidad y reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social.

El propio ministro de Economía, Luis de Guindos, anunció el pasado 22 de febrero que la intención del Gobierno era la de prorrogar hasta mayo de 2019 esta moratoria, un plazo que los grupos del Congreso, a excepción del PP, pretenden que se amplíe a tres años (hasta 2020).

El decreto ley que abordará este viernes el Consejo de Ministros también prevé ampliar las medidas de protección a deudores hipotecarios afectados por la crisis a las familias con menores de edad a su cargo, no solamente hasta los tres años.

Según datos del Ministerio de Economía, a cierre de 2016, el Fondo Social de Viviendas (FSV) había adjudicado 9.020 viviendas, lo que supone más del 90% de los pisos disponibles para colectivos vulnerables.

Hasta el mes de febrero, más de 76.600 familias se han beneficiado de los instrumentos puestos en marcha en 2012 por el Gobierno con el objetivo de paliar los efectos de la crisis en la problemática de los desahucios.

Según datos de Economía, desde entonces se han suspendido más de 24.000 lanzamientos y unas 45.600 familias se han acogido al Código de Buenas Prácticas mediante 38.500 reestructuraciones de deuda y 7.000 daciones en pago.

El FSV se creó en 2013 con un fondo de 5.892 viviendas aportadas por bancos para dar asistencia a familias vulnerables mediante alquileres reducidos, es decir, entre 150 y 400 euros al mes con un límite máximo del 30% de los ingresos de la unidad familiar.

9.866 VIVIENDAS

Desde su creación, en 2013, el FSV ha aumentado la dotación hasta 9.866 viviendas aportadas por 29 entidades financieras y su vigencia se ha prorrogado hasta el 17 de enero de 2018.

La ampliación a 9.866 viviendas se acordó en septiembre de 2015 y en ese momento se incluyeron nuevos colectivos con derecho a la obtención de una vivienda del FSV (personas mayores de 60 años y matrimonios o parejas de hecho sin hijos). Estos requisitos se unieron a los que ya incluía el FSV.

Al fondo se pueden acoger quienes hayan perdido su vivienda habitual después del 1 de enero de 2008 por impago de un préstamo hipotecario, incluyendo los que no hayan sido desalojadas o los que hayan acordado la dación en pago.

Los solicitantes deben cumplir una serie de requisitos, como que el conjunto de los ingresos anuales de la unidad familiar no supere el límite de tres veces el Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples (IPREM).

Además, deben ser familia numerosa, tener menores de edad a su cargo o una persona con discapacidad, que el deudor esté en situación de desempleo y haya agotado las prestaciones, ser víctima de violencia de género, ser prejubilado o jubilado y haber avalado con su vivienda a hijos o nietos y todas las personas o unidades familiares vulnerables para las que la vivienda supone un activo indispensable para el mantenimiento de su inclusión social de acuerdo con el informe de los servicios sociales.