El Congreso exige medidas para evitar la especulación con las licencias VTC

La iniciativa, llevada al Congreso por el PSOE y pactada finalmente con Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, ha sido respaldada por Esquerra Republicana, PNV, Compromís y Foro Asturias, mientras que el PP y Ciudadanos han decidido abstenerse.

Entre las medidas de este tipo se encuentran la limitación temporal a la transmisión de VTC idéntica a la establecida para el transporte de mercancías o mantener la exigencia de un número mínimo de conductores que garantice la existencia de una verdadera actividad de transporte.

Asimismo, también se reclama la exigencia del desarrollo efectivo de la actividad de alquiler con conductor en un plazo máximo de 3 meses desde la notificación de la adjudicación de la tarjeta y no pudiendo dejar de prestarla durante periodos iguales o superiores a 60 días consecutivos en el plazo de un año.

EVITAR EL INTRUSISMO Y ASEGURAR LA RATIO LEGAL

Otras de las medidas incluidas en la proposición no de ley es la de intensificar las inspecciones necesarias para evitar el intrusismo y competencia desleal en el sector, además de garantizar la aplicación de la ratio de una licencia VTC por cada 30 taxis, establecida en la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres.

De esta forma, se reclama la adopción de mecanismos legislativos y administrativos entre el Estado, las administraciones autonómicas y las locales para cumplir con la misma, recuperar las autorizaciones concedidas en exceso y "evitar las acciones de 'dumping' social" por consecuencia de la competencia desleal.

Por otro lado, llaman a favorecer la profesionalización de los conductores de vehículos de transporte público de viajeros hasta nueve plazas, introduciendo una formación homogénea y mejorar la regulación de las actividades de intermediación en el sector.

En el texto aprobado se llama a estudiar un plan de ayudas para la prejubilación en el sector del taxi con el que compensar económicamente a los taxistas que se encuentren en esta situación y cesen esta actividad como una medida de reconversión sectorial financiada con fondos públicos y privados, sin que esta medida tenga como consecuencia la retirada de licencias de auto taxis (VT).

El Congreso también demanda la revisión del marco jurídico del servicio público de taxi para posibilitar una mayor competitividad y calidad, "respetando la esencia y naturaleza del servicio", así como una mejor regulación de las actividades de intermediación del transporte urbano de viajeros en vehículos turismo, con el refuerzo de los derechos de los usuarios.

Por último, también se reclama potenciar la inclusión de tarifas especificas para los ciudadanos en riegos de exclusión, así como tarifas ecológicas a aplicar en episodios de alta contaminación, el apoyo a la electrificación de la flota y el estudio de una plataforma digital a nivel estatal para la solicitud de taxis que refuerce la calidad y competitividad de este servicio público.