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El Congreso convalidará hoy la prórroga del plan de ayudas a parados de larga duración

El Pleno también deberá dar luz verde a la oferta de empleo público que el Gobierno no incluyó en los Presupuestos
El Congreso debate este jueves la prórroga del Programa de Activación para el Empleo (PAE), que contempla una ayuda de 426 euros mensuales para parados de larga duración con cargas familiares que han agotado todas las prestaciones y subsidios.
Esta segunda prórroga, aprobada por decreto ley en el Consejo de Ministros del pasado 28 de abril, deberá ser convalidada por el Pleno del Congreso para seguir en vigor. Según las estimaciones del Ejecutivo, la medida beneficiará a unas 170.000 personas durante todo 2017, del total de 210.000 parados de larga duración que, según estas previsiones, solicitarán la ayuda.
Entre las modificaciones introducidas en la nueva prórroga, se reduce de seis meses a un mes el plazo de espera requerido para solicitar el acceso al PAE; se permite que se pueda solicitar desde el agotamiento de cualquier prestación por desempleo y no sólo Prepara, Prodi o Renta Activa de Inserción; y se facilita la acreditación de que se ha buscado activamente un empleo a través de las agencias de colocación
SEGUNDA PRÓRROGA DEL PLAN
También se rebaja de 12 a 9 meses el tiempo de permanencia del solicitante como demandante de empleo dentro de los 18 meses anteriores a la solicitud y se permitirá la incorporación al PAE de personas que, aunque no estuvieran inscritas como demandantes de empleo a la entrada en vigor de esta segunda prórroga, sí lo estuvieran a 1 de diciembre de 2014 ó 1 de abril de 2016 y cumplan con el resto de requisitos.
El PAE entró en vigor el 15 de enero de 2015 y finalizó su vigencia en abril de 2016, cuando se decidió prorrogarlo por otro año más, hasta abril de 2017. Esta es una segunda prórroga del programa, del que el Gobierno defiende que ha permitido encontrar un empleo a uno de cada tres desempleados que accedieron al mismo en los doce meses siguientes a su incorporación al PAE.
Según Empleo, entre diciembre de 2014 y el 15 de abril de este año se han atendido a 233.195 desempleados de larga duración a través del PAE y de ellos 150.934 han tenido acceso a la ayuda de 426 euros. El 88% de quienes percibieron la prestación y la compatibilizaron con un empleo mantuvo su trabajo tras finalizar el programa.
CASI 8.000 EMPLEOS PÚBLICOS
Asimismo, el Pleno también debatirá otro decreto ley, el que anticipa la convocatoria de 7.969 plazas de la oferta de empleo público (OEP) de 2017 para los ámbitos la Educación, Fuerzas Armadas, Policía y Guardia Civil, y autoriza la convocatoria anticipada de plazas en estos ámbitos a las comunidades autónomas, que serán de más de 11.500 plazas solo en Educación.
El decreto aprueba la convocatoria de 7.969 plazas urgentes del Estado y permite a las comunidades autónomas convocar empleo público sin necesidad de tener que esperar a la tramitación parlamentaria de los Presupuestos y a su aprobación, que no se producirá antes del mes de junio. En concreto, se autoriza la convocatoria de 6.005 plazas de Estado de acceso libre, 1.673 de promoción interna y 291 plazas de otro rango.
Por sectores, se convocarán 2.346 plazas de Guardia Civil (1.866 de acceso libre y 480 de promoción interna); 3.591 plazas de Policía (3.331 de acceso libre y 260 de promoción interna); 1.699 plazas para las Fuerzas Armadas (766 de acceso libre, 933 de promoción interna y 291 de otro tipo) y otras 42 de docencia, para las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
MÁS DE 11.500 PLAZAS DE DOCENTES
Asimismo, este decreto autoriza a las comunidades autónomas a convocar de forma anticipada a la aprobación de la OEP de 2017, plazas en estos ámbitos, en su mayoría para docentes. Así, el Gobierno estima que en Educación, con una tasa de reposición del 100%, se convocarán hasta alrededor de 10.000 plazas en el ámbito educativo no universitario y unas 1.500 plazas de profesores universitarios.
A estas se le añadirán las correspondientes a la tasa de reposición del 100% de los policías autonómicos de Cataluña y Navarra, y los de la Policía del País Vasco, cuya tasa será la que fije el acuerdo de la Junta de Seguridad para esa comunidad autónoma.