El Congreso debate esta semana dos mociones de PSOE y Unidos Podemos sobre pensiones y Garantía Juvenil

La moción de los socialistas es consecuencia de la interpelación que dirigieron el pasado mes de julio a la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, y en su texto el grupo que capitanea Margarita Robles insta al Gobierno a que, en un plazo de tres meses y tras su negociación con organizaciones sindicales y empresariales, adopte las medidas necesarias para asegurar el equilibrio financiero del sistema de pensiones y garantice su sostenibilidad.

REFORZAR LOS INGRESOS

También le emplaza a velar por la suficiencia de las mismas, a través de su actualización conforme a la evaluación de los precios, "reforzando los ingresos por cotizaciones mediante una aportación adicional suficiente proveniente de la imposición general".

De su lado, en la moción presentada por el grupo confederal tras interpelar en el mismo Pleno a Báñez, Unidos Podemos plantea una serie de medidas para corregir el déficit del sistema de la Seguridad Social sin endeudarlo y garantizando el poder adquisitivo de las pensiones.

Así, los de Pablo Iglesias y sus confluencias instan al Ejecutivo a que realice y publique un informe de evaluación de la implementación en España de la iniciativa de Garantía Juvenil desde su puesta en marcha.

SUBSIDIOS O BONOS SOCIALES

Según explica, este informe debería ser indicativo del número de jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil que en los cuatro meses siguientes a su inscripción fueron beneficiarios de alguna acción de fomento de la intermediación y la movilidad laboral, de alguna acción de mejora de la empleabiliadad y el tipo de formación que recibieron o de alguna actuación de fomento de la inserción laboral.

Por otro lado, Unidos Podemos considera que se debería dar conocimiento de los jóvenes que se beneficiaron de alguna actuación de apoyo al emprendimiento y del número de jóvenes inscritos al sistema con discapacidad o riesgo de exclusión.

Por último, recalca que, una vez emitido este informe, el Gobierno deberá, previa consulta y negociación de los interlocutores sociales, impulsar las reformas legislativas pertinentes para establecer subsidios o bonos sociales.

Esta ayuda, que estaría destinada a los jóvenes que se benefician de esta ayuda, se orientaría "preferentemente" a incentivar la participación de estos en las acciones formativas que mejoren sus competencias curriculares y a fomentar la creación de empleo "estable y de calidad".