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El Congreso insta al Gobierno a crear un impuesto sobre los beneficios y las remuneraciones de la banca

La Comisión de Economía, Industria y Competitividad ha aprobado una proposición no de ley en la que insta a crear un impuesto sobre los beneficios y las remuneraciones de las entidades financieras, con el objetivo de recuperar las ayudas públicas otorgadas en los últimos años durante el rescate a la banca.
La iniciativa, presentada por Unidos Podemos-En Comú-En Marea y finalmente pactada y reelaborada con el PSOE, ha sido aprobada gracias al apoyo de los independentistas de Esquerra (ERC) y del PDeCAT. El Partido Popular y Ciudadanos han votado en contra, mientras que el PNV ha optado por abstenerse.
El texto aprobado insta al Gobierno a presentar ante el Congreso "las modificaciones legislativas necesarias para crear un impuesto sobre la actividad bancaria, que grave los beneficios y las remuneraciones de las entidades financieras, en el marco de la cooperación financiera europea".
Entre los objetivos del impuesto menciona "resolver la baja tributación del sector y recuperar las ayudas públicas que se han otorgado en los últimos años a este sector económico y la generación de recursos suficientes para el sostenimiento de los servicios públicos y la mejora del Estado del bienestar".
El texto transaccionado entre Unidos Podemos y el PSOE incluye otro punto, que insta al Ejecutivo a cumplir el acuerdo de la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas del pasado 25 de octubre de 2016, apoyando las actuaciones necesarias para la aprobación de un impuesto a las Transacciones Financieras que tenga como prioridad reducir drásticamente la especulación en los mercados financieros".
"UNA MÁQUINA DE GENERAR CORRUPCIÓN Y PROBLEMAS"
Durante el debate de la iniciativa, el diputado de En Comú Josep Vendrell ha criticado "las malas prácticas" que indican que el sector financiero "ha sido una máquina de generar corrupción y problemas para consumidores y para la economía".
En este sentido, ha aseverado que el impuesto serviría para "reducir la factura social" y también al Gobierno, porque así daría cumplimiento a la promesa dada de que el rescate no costaría un euro a la ciudadanía.
"Es una cuestión ética, de justicia, y un compromiso de los distintos gobiernos, además de ser una necesidad económica y social", ha aseverado el diputado catalán, que ha añadido que estos recursos también servirían para el mantenimiento del Estado del Bienestar.