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Cataluña aprueba un decreto ley con medidas para evitar el intrusismo en el taxi

El Gobierno catalán ha aprobado este martes un decreto ley con medidas urgentes para evitar el intrusismo en el sector del taxi y ordenar la convivencia entre los vehículos de transporte con conductor (VTC) y los taxis.
El conseller de Territorio y Sostenibilidad, Josep Rull, presentó este lunes en rueda de prensa las medidas propuestas, después de reunirse con en el marco del Consell del Taxi, entre las que destaca una moratoria de dos años en la transmisión de licencias de VTC, así como la creación de un régimen sancionador.
Las medidas del decreto ley entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat de Cataluña (DOGC), y se basan en dos textos legislativos: la ley de regulación del transporte de viajeros por carretera mediante vehículos de motor y la ley del taxi.
A partir de la aprobación de esta nueva normativa, las autorizaciones de VTC que se otorguen en Cataluña no se podrán vender hasta dos años después de obtenerlas, lo que pretende evitar la especulación, ya que Rull concretó que en este momento hay 3.000 licencias pendientes de resolución judicial, de las cuales 800 pertenecen a una misma empresa.
Además, el Gobierno catalán obliga a los vehículos de alquiler con conductor a llevar un adhesivo identificativo en el parabrisas que entregará la Generalitat y, en caso de no llevarlo, se multará con 2.000 euros.
También creará un registro electrónico --prevé que esté plenamente operativo a finales de año-- en el que deberán constar todos los servicios de transporte contratados previamente, que es el tipo de servicio que pueden ofrecer los VTC.
Con esto, se pretende evitar que los vehículos con conductor capten a clientes circulando en la calle o en zonas de alta demanda como el aeropuerto, que es el tipo de servicio que ofrecen los taxis; la sanción por no comunicar el servicio en el registro se multará con hasta 1.000 euros.
El régimen sancionador también prevé multas de hasta 4.000 euros a las VTC domiciliadas en otras comunidades autónomas que operen en Cataluña durante más días de los que permite la ley, que equivalen al 20% en tres meses (18 días) --a excepción de cuando se producen grandes eventos, como es el caso de ferias como el MWC--.