El Canal de Isabel II abordará la venta de sus activos en Latinoamérica en 12 o 18 meses y sin pérdidas

El Canal de Isabel II estima que el proceso de venta de sus activos en Latinoamérica estará listo entre 12 y 18 meses y en ningún caso causará daño patrimonial a la entidad, para lo cual dos agentes independientes decidirán el modelo de enajenación y el precio de venta.

Así lo han indicado en rueda de prensa el presidente del Canal de Isabel II, Ángel Garrido, y el director general del ente, Rafael Prieto, para avanzar las medidas que abordará la Junta General que se celebra esta tarde y en el que se prevé la aprobación del plan de desinversión de los activos del Canal en el extranjero.

El presidente de Canal de Isabel II ha asegurado que se ha decidido que la presencia en el extranjero de la entidad se limite a la consultoría y que "no quieren jugar a la ruleta rusa con el dinero de los madrileños", centrando la actividad solo en lo relativo al ciclo de agua.

Prieto ha señalado que las empresas en Latinoamérica ofrecen un beneficio de unos 40 millones de euros. Por ello, Garrido y el director general ha indicado que estos asesores independientes aportarán dictamen sobre si la venta se procede en bloque o por diversos paquetes y el precio que saldrán a la venta.

El grupo Inassa, que concentra las sociedades del Canal en Iberoamérica, cuenta con 24 sociedades. De ellas 11 están opertativas, siete en proceso de liquidación y cuatro ya liquidadas. Los expertos independientes decidirán el proceso en el que se acomete la enajenación y el valor de los activos, que 120 millones en valor en libros.

Luego se hará una propuesta de valor y fecha para acometer la venta, que será aprobado en su caso por el Consejo de Administración. En el plan estratégico de la entidad, se contempla proceder a la desinversión entre 2019 y 2021 de estos activios con "escasa" o "nula" actividad en el ciclo del agua.

El director general del Canal ha explicado que los ingresos por las empresas en el extranjero están valorados en 40 millones de euros, dado que todas se mueven en números positivos salvo la empresa Aguas de Cumbre, en Perú, que se adquirió en febrero de 2015.

RECLAMACIÓN EN BREVE POR EMISSAO

Prieto ha detallado que la principal dificultad para poner en positivo las cuentas de la estructura empresarial en Latinoámerica ha sido Emissao, la sociedad brasileña cuya compra se investiga en la operación Lezo, que hasta el año pasado estaba en pérdidas.

Además, ha explicado respecto a la adquisición de Emissao que en un plazo entre 15 y 20 días estará interpuesto la reclamación arbitral por un importe mínimo de unos seis millones, dado que ahora se ultima el "complejo" sistema tributario de Brasil para calibrar esa cifra.

Pese a estos números positivos, el presidente del Canal de Isabel II ha señalado que la decisión de la venta es firme puesto que el criterio es disponer de activos solo relacionados con el ciclo del agua, puesto lo que hoy son beneficios "pasado mañana pueden ser pérdidas". "No vamos a jugar a la ruleta rusa con el dinero de los madrileños", ha reiterado Garrido.

Por otra parte, ha comentado que la elección de los asesores externos que dictaminarán sobre el proceso de venta y el valor de la operación se realizará por un proceso transparente y con una cláusula ética para evitar conflicto de intereses. Respecto a los activos en Extremadura y Lanzarote, se verá lo que los expertos decidan si es oportuno y se tomará una decisión.

RESPETO A LAS DECISIONES QUE ADOPTE LA JUSTICIA

Respecto a la salida de la cárcel del expresidente Ignacio González, Garrido ha manifestado su máximo respeto a las decisiones de los tribunales y que tanto el Canal como la Comunidad de Madrid están personadas en la causa, por lo que si se determinan conductas delictivas o daños patrimoniales se tomarán las acciones pertinentes para recuperarlo.

Por otro lado y respecto a la situación que han generado las empresas en Latinoamérica, el presidente del Canal ha señalado que "a nadie se le oculta" que ha habido "problemas" y ha insistido en que el proceso judicial determinará si se han producido daños patrimoniales a la entidad.