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CC.OO. y UGT se movilizan este jueves para reclamar un salario justo de los funcionarios y más empleo público

CC.OO. y UGT se concentrarán este jueves ante la Dirección General de la Función Pública para reclamar un salario más justo de los funcionarios, más empleo público y la recuperación de los derechos que los trabajadores de este sector han perdido durante años.
Esta concentración marca, según ambas organizaciones, el inicio de una serie de movilizaciones en la Administración General del Estado con las que se pretende dar visibilidad al empeoramiento de las condiciones de trabajo de los funcionarios, que también afecta a los servicios públicos que se prestan a los ciudadanos y que están "al borde del colapso".
Desde 2010, se ha reducido la plantilla un 14%, pasando de 231.157 trabajadores a 198.594 empleados en el ámbito de la Administración General del Estado.
Además, los sindicatos creen que el escenario será "aún peor" en unos años, ya que la previsión de jubilaciones asciende a 26.945 efectivos.
Por este motivo, CC.OO. y UGT piden una oferta de empleo público extraordinaria y creen que debería de haber 30.072 incorporaciones "urgentes".
Por otro lado, consideran que, junto con el aumento del empleo público debe haber una recuperación retributiva, ya que los empleados públicos sufren cerca de un 13% de pérdida salarial entre recortes, congelaciones y subidas del IPC.
A pesar de la insistencia del Gobierno en la recuperación económica, las organizaciones sindicales han recordado que únicamente se ha devuelto a los funcionarios "parte de los derechos arrebatados en estos años" y han exigido que se elimine la reducción salarial durante los periodos de baja médica.
Asimismo, los sindicatos también han reclamado el desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público, que "aún tiene pendiente la regulación de materias como carrera profesional, clasificación profesional o sistema retributivo.
Para CC.OO. y UGT, el anuncio por parte del Ejecutivo de Mariano Rajoy de mejora de esta situación "debe tener reflejo en los derechos del personal público", porque "es el que garantiza la prestación de un servicio a la ciudadanía de calidad".