CCOO y UGT denuncian que el plan presupuestario incluye medidas sin negociar con los interlocutores sociales

En una nota, los sindicatos aclaran que no están negociando con el Gobierno "ninguna reforma laboral", y explican que en septiembre recibieron del Ministerio de Empleo un listado de materias que todavía no se han abordado.

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, a petición de los interlocutores sociales, planteó un listado de materias con propuestas para las mesas de diálogo social abiertas que aún no se han convocado, por lo que "no hay negociación en marcha".

De esta forma, ambos sindicatos mantienen su exigencia de derogar las reformas laborales de 2010 y 2012 para restablecer "el equilibrio roto en el sistema de relaciones laborales" y retomar así la recuperación de derechos del marco laboral y derogar y modificar los aspectos "lesivos" de las anteriores reformas.

En especial, ven necesario acabar con la "dinámica de la precariedad", estableciendo otros parámetros de estabilidad en el empleo y acabando con el despido "barato y libre". "El mercado de trabajo se encuentra en una situación de desprotección que hay que atajar porque el 14% de las personas con empleo están por debajo del umbral de la pobreza y el 32,6% de la población pobre, en edad de trabajar, lo continúa siendo a pesar de tener un empleo remunerado", denncian.

Además, señalan que, con una temporalidad cercana al 30%, España es el segundo país de la UE con una tasa más elevada de temporalidad, por lo que ven "imprescindible" negociar medidas que fomenten la contratación indefinida y penalicen y persigan la contratación temporal sin causa.

RECHAZAN EL CONTRATO TEMPORAL CON INDEMNIZACIÓN

En este sentido, consideran que medidas como el contrato temporal con indemnización creciente, incluida en el Plan Presupuestario, es "una modalidad del contrato único descausalizado, que no tiene cabida en nuestro derecho laboral, y que las propias instituciones de la UE habían abandonado".

Segun los sindicatos, la situación actual es de incumplimiento legal "masivo" por parte de las empresas, pero creen que la solución no es cambiar la ley al "antojo" de las empresas defraudadoras, sino impedir el fraude mediante nuevos mecanismos legales,

Para poner fin a la temporalidad fraudulenta abogan por incrementar la indemnización de los temporales legales, conllevan un incremento de cotizaciones para los contratos temporales, y un control "real y exhaustivo" de la temporalidad por parte de la Inspección de Trabajo.